La confirmación de Gabriel Rubinstein como secretario de Programación Económica -o viceministro- del ministro de Economía, Sergio Massa, volvió a generar una sensación de alivio en el mercado, donde además prestan atención a los últimos números.
Luego del ahorro fiscal de más de $500.000 millones por la reducción de subsidios en las tarifas, se filtró que Massa y su equipo busca otro tijeretazo de $200.000 millones para lo que resta del año.
El medio especializado El Cronista Comercial estimó que implicaría un ajuste de alrededor de 0,3 puntos del PBI, en línea con el objetivo de 2,5 puntos de déficit fiscal acordado con el FMI.
El periodista Esteban Rafele informó que "voceros del ministro indicaron que se disminuirán partidas presupuestarias subejecutadas de distintas categorías, desde transferencias a provincias hasta subsidios personales. Se centrarán en programas que tienen menos del 50% de ejecución y en programas de inversión ejecutados por debajo del 30%".
De acuerdo al comunicador, el grueso del ajuste será en la famosa "Jurisdicción 91" del Presupuesto: las obligaciones a cargo del Tesoro. Allí se concentran los subsidios a cargo del Estado Nacional, asistencia a empresas públicas y a provincias. "Si la ejecución avanza, después se compensa. Si no avanza, los recursos quedan en el Tesoro", indicaron voceros oficiales.
"Una fuente que trabaja en la medida sostuvo que habrá una poda transversal concentrada en gastos de capital. La decisión del Palacio de Hacienda es efectuar el ajuste de las cuentas públicas sin tocar los salarios", agregó Rafele.
En tanto, pensando en la fecha límite del 15 de septiembre para ser presentado al Congreso de la Nación, Massa/Rubinstein/Rigo aceleran el presupuesto 2023 con proyecciones a tono con lo ocurrido en 2022, sin metas disparatadas como las planteadas por Fernández/Guzmán/Pesce en 2021, que terminaron siendo rechazadas tanto por el oficialismo como por la oposición.
Desde Ámbito Financiero, la periodista Liliana Franco informó que las proyecciones "incluyen un crecimiento económico de 3 a 3,5%, una inflación del 60%, una mejora en el resultado del comercio exterior (fruto de las menores importaciones de energía que se esperan para el año próximo) y un déficit primario de 1,9% del PBI, establecido en el programa con el FMI".
Este lunes 22 de agosto, el Ministerio de Economía informó una desaceleración del gasto:
"En línea con lo establecido por el Ministro de Economía en el sentido de ordenar las cuentas públicas para cumplir con el presupuesto vigente, recientemente modificado por el DNU 331/2022, el mes de julio muestra una serie de correcciones que permiten retomar un sendero fiscal compatible con un déficit anual del Sector Público Nacional de -2,5% de PIB.
En efecto, en el mes de julio, el Sector Público Nacional registró un déficit primario de $75.947,3 millones contemplando el límite anual para el cómputo de los ingresos provenientes de las rentas de la propiedad vinculadas a las emisiones primarias de títulos públicos equivalente al 0,3% del PBI. Así, en los primeros siete meses del año se acumula un resultado primario de -$876.628,7 millones (-1,1% del PIB). Sin descontar el excedente consistente con la meta de déficit primario de 2,5% del PIB, el déficit primario para el mes de julio resultó en $1.945,3 millones. Por otra parte, el pago de intereses de la deuda pública, neto de pagos intra-sector público, fue de $129.717,5 millones, resultando en un déficit financiero de $131.662,8 millones.
De esta manera, el mes de julio, luego de las correcciones aludidas presenta una desaceleración del crecimiento real del gasto primario, en virtud de la política de ordenamiento y consolidación de las cuentas públicas, establecidas por el Ministro de Economía y previstos en el presupuesto vigente, tal como se señaló más arriba. En línea con el objetivo mencionado y en pos del cumplimiento de los compromisos asumidos, se dictó la Decisión Administrativa N° 826/2022, de fecha 20 de agosto de 2022, la cual dispone una compensación de créditos presupuestarios, rebajándolos en varias jurisdicciones e incrementándolos en el Tesoro por $210.000 millones".
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