La venta de la industria láctea podría comenzar a complicarse y hasta quedar en suspenso.
Guerra judicial por SanCor
1. La oposición de Gustavo Scaglione (Fidulac)
El dueño de Telefe y titular del grupo inversor Fidulac —quien reviste la condición de acreedor y potencial comprador— impugnó de raíz el pliego licitatorio. Gustavo Scaglione argumenta que disociar la titularidad de las marcas de la propiedad de las plantas de producción destruye el valor de la compañía en lugar de potenciarlo.
Asimismo, su presentación advierte sobre la presunta ilegalidad del formato elegido, fundamentando que el artículo 204 de la Ley de Concursos y Quiebras prescribe que la enajenación del block productivo como una unidad económica debe ser la prioridad absoluta, requiriendo cualquier subdivisión de una debida fundamentación.
Desde la perspectiva de Fidulac, el fallo del juez carece de justificativos técnicos y no demuestra que la venta fraccionada reporte un beneficio igual o superior al de una venta unificada.
2. La denuncia institucional del síndico
Por su parte, el frente interno de la liquidación estalló con la presentación efectuada ante la Corte Suprema de Santa Fe por Oscar Epstein, uno de los síndicos designados (quien posteriormente formalizó su dimisión). Tal lo informó Urgente24, denunció al juez Gelcich por supuestas anomalías institucionales.
El eje de su acusación apunta a que el magistrado estructuró una "coadministración" para neutralizar la fiscalización autónoma de la sindicatura legal. En particular, objeta el nombramiento directo de la contadora Lucila Inés Prono en dicho rol, omitiendo el sorteo del registro de la Corte.
Según el denunciante, este órgano —concebido inicialmente para subsanar la renuencia de la cooperativa a brindar datos— terminó arrogándose las facultades exclusivas de los síndicos.
3. El reclamo del consorcio de acreedores
Por último, un bloque integrado por 1.066 acreedores (que nuclea a productores tamberos, firmas proveedoras, exdependientes y personal acogido a retiros voluntarios) se presentó bajo el patrocinio del Estudio Jurídico Regali & Asociados, liderado por Aldo Regali.
Este grupo persigue la nulidad del decreto de quiebra, rechaza la venta en lotes y exige que se evalúe un plan de salvataje propio. Paralelamente, recurrieron a la Corte Suprema provincial solicitando un juicio político contra Gelcich.
El consorcio comparte el argumento de Fidulac: consideran que atomizar el patrimonio reduce sensiblemente la posibilidad de que un inversor reactive las fábricas operativas, perjudicando de forma directa las expectativas de cobro de sus acreencias.
Avanza el proceso de quiebra
La quiebra de SanCor se dictó el 22 de abril de éste año, por decisión del propio Gelcich, quien la definió como una "quiebra indirecta por frustración anticipada y expresamente reconocida del trámite preventivo".
La entidad arrastra un pasivo superior a los US$ 120 millones y cerca de 300 solicitudes de quiebra. De las 14 plantas que operó históricamente, hoy solo conserva seis con niveles mínimos de producción.
A pesar del freno legal, persisten empresas lácteas interesadas que ya vigilaban la situación desde el 2025:
* Savencia (propietaria de Milkaut)
* Adecoagro (titular de Las Tres Niñas)
* Punta del Agua
* Elcor (dueña de La Tonadita)
* La Tarantela
* Fidulac (Grupo Scaglione)
En el plano laboral, se oficializó la desvinculación de 736 trabajadores sobre un total de 914 que quedaban al comenzar el proceso. Los 178 empleados restantes permanecen en sus puestos gracias a un pacto entre el sindicato lácteo (ATILRA) y el juzgado para dar continuidad operativa a las seis fábricas que continúan en actividad de forma precaria.
Crónica de una liquidación empantanada
El proceso de liquidación de SanCor se encuentra en un estado de parálisis absoluta debido a una profunda bifurcación de intereses y criterios jurídicos.
Mientras la resolución del juez Gelcich promueve un desguace por lotes para intentar agilizar la recaudación de fondos, los principales actores damnificados —potenciales compradores, la sindicatura original y el grueso de los acreedores comerciales y productivos— coinciden en que dicha fragmentación atenta contra la sustentabilidad económica del patrimonio y los principios rectores de la normativa.
La resolución definitiva queda ahora supeditada a las determinaciones que adopte la Corte Suprema de Santa Fe respecto de la legalidad del pliego, el funcionamiento de la coadministración judicial y los pedidos de nulidad vigentes.
SanCor solicitó su propia quiebra en abril pasado, pedido que fue aceptado una semana después por el juzgado que tramitaba su concurso de acreedores.
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