La Argentina tiene una larga experiencia en estrategias de reducción del desequilibrio fiscal vía ajuste inflacionario. En esencia, la estrategia consiste en no adoptar medidas explícitas para corregir los déficits fiscales, sino en dejar que la inflación haga el “trabajo sucio”. Es una opción políticamente atractiva, aunque socialmente muy costosa además de oportunista e hipócrita. Lo más relevante es que no corrige los problemas de organización que padece el Estado. Este tipo de ajuste puede ser eficaz para corregir transitoriamente el desequilibrio fiscal. Pero no cambia la propensión que tiene el sector público –derivada de su mala organización– a administrar mal y a gastar por encima de sus ingresos.
El mayor riesgo es que el próximo gobierno caiga en la tentación de mantener la continuidad de este ajuste –vía licuación– que inició el actual gobierno. Si el punto de partida es que parte del “trabajo sucio” se está haciendo –como, por ejemplo, el más importante y resistido que es licuar jubilaciones– y hay factores de contexto que van a jugar a favor de los ingresos (superación de la sequía, gasoducto, Vaca Muerta, litio) una estrategia que se limite sólo a aliviar la crisis tiene probabilidad de éxito. Pero no sirve para generar un proceso sostenido de crecimiento económico.
Es cierto que para abordar un ordenamiento integral del Estado se necesitan ideas innovadoras y disruptivas. También que demanda mucha audacia e idoneidad política para instrumentarlas. Pero limitarse a ajustar el Estado y aprovechar mejores condiciones de contexto simplemente para dar alivio a la población será otro derroche de oportunidad para salir de la decadencia. Desde el punto de vista político, social y productivo seguramente terminará siendo una nueva frustración.
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