Según el último informe de IDESA, "las provincias del norte que reciben un 58% más que el promedio, tienen un 18% más empleo público por habitante y mayor mortalidad infantil. Esto demuestra que los recursos que se redistribuyen se usan para financiar empleo de baja calidad y no para proporcionar la igualdad de oportunidades".
Y menciona como otra de las consecuencias, la fuerte concentración de la recaudación en el nivel nacional que, en un país federal, no es el artífice del desarrollo provincial.
Menos de la mitad del financiamiento de las provincias es a través de recaudación propia: reciben como ingresos el 12% del PBI y solo el 5% es por recaudación propia, el resto les llega mediante la coparticipación
Así, con la perpetuidad del régimen de coparticipación se sostiene "un esquema que promueve la baja calidad de las instituciones políticas y económicas, es decir, el atraso de las provincias más rezagadas es cada vez mayor".
Sin embargo, plantea también que "un nuevo sistema de coparticipación sería imposible ya que tiene que aprobarse por unanimidad de todas las provincias y la dirigencia de las provincias beneficiadas nunca apoyaría un cambio que las perjudique".
La solución es eliminar los malos impuestos y generar incentivos a aumentar la actividad económica en las provincias, haciendo que estas recauden los tributos en función de las ventas que se generan dentro de su territorio para financiarse. Así, la coparticipación dejaría de tener sentido. Esto debe ser complementado con un Fondo de Convergencia que transfiera recursos desde las zonas más ricas a las más pobres orientado a estimular políticas para reducir las brechas de desarrollo
La razón es que la coparticipación funciona como un "cheque en blanco", mientras que el fondo de convergencia, como una transferencia condicionada a un plan de desarrollo.
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