Durante la década de los noventas, el gobierno peronista de Carlos Menem, implementó la reforma del estado, mediante la sanción de la Ley 24.065 en diciembre de 1991, "que privatizó la generación y transporte de energía eléctrica a cargo de empresas estatales", lo cual implicó la transferencia de la administración y explotación de las centrales, del sector público al privado, con contratos a 30 años.
Los contratos de concesión, comenzaron a llegar a su fin a partir de agosto del año en curso, aclaran los legisladores neuquinos y señalan que hoy, "la generación eléctrica depende en gran medida de los hidrocarburos, con un 60% proveniente de fuentes térmicas, que utilizan gas natural como combustible", provocando que "entre el 25 y el 40% del consumo diario de gas del país, se destine a la generación de energía eléctrica".
Finalmente, la diputada Parrilli, opinó que, de concretarse la medida, "permitirá detener los giros al exterior de las utilidades obtenidas en la explotación de las concesiones y promover la inversión en fuentes renovables".
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