- La jerarquización de la labor pericial mediante el profesionalismo de sus integrantes elegidos por concurso de antecedentes y no por simple anotación en un listado, recibiendo luego causas por sorteo.
- La equidad en el tratamiento de los trabajadores, a misma dolencia, misma evaluación a la hora de peritar las incapacidades derivadas de un accidente laboral tomando como vara objetiva el Baremo de ley (Tabla de Valoración de Incapacidades), asegurando a todos igual trato.
- La remuneración desacoplada de la sentencia y establecida en función del acto médico.
Estos criterios cumplen lo exigido por la Ley y contribuyen a preservar el Sistema de Riesgos de Trabajo que, en sus 27 años de existencia, ha apostado a la mejora continua, al punto de convertirse en un aspiracional para los trabajadores que no disponen de una cobertura que garantice una reparación inmediata, integral, automática y de calidad frente a un siniestro laboral.
Litigiosidad imparable
Sin embargo, este sistema se sigue encontrando amenazado por una litigiosidad creciente, anclada en un hecho paradojal:
Conforme decrece la accidentabilidad y el índice de fallecimientos (-78% y 16.500 vidas salvadas) en el entorno laboral, consecuencia del compromiso con las actividades de prevención de todos sus actores, la litigiosidad ha venido aumentando, alentada por honorarios periciales acoplados al monto de la sentencia. Conforme decrece la accidentabilidad y el índice de fallecimientos (-78% y 16.500 vidas salvadas) en el entorno laboral, consecuencia del compromiso con las actividades de prevención de todos sus actores, la litigiosidad ha venido aumentando, alentada por honorarios periciales acoplados al monto de la sentencia.
No sucede sólo en la Provincia de Mendoza, y por ese motivo corresponde preguntar qué sucede en las otras provincias.
Mendoza detentaba en 2022, el 3er. lugar en el ranking nacional de demandas por accidentes laborales y enfermedades profesionales. En los 5 primeros meses de 2023, acumuló más de 3.200 nuevas demandas.
A partir de ahora, deberían disminuir los incentivos a litigar, al unificar los criterios de evaluación (en las distintas instancias de evaluación se utiliza el mismo criterio) y al desacoplar los honorarios de los peritos del resultado del juicio.
La provincia cuyana sienta así las bases para un sistema laboral más justo y competitivo. De funcionar conforme lo previsto, su contribución también debiera traer alivio a una justicia saturada y con enormes sobrecostos por la judicialización exacerbada.
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