Deudas en dólares y pesos
El incumplimiento anunciado incluye pagos por US$ 348.357,79 en la Clase A, US$ 36.181,81 en la Clase B y $345.117.749,70 en la Clase C, además de una amortización de capital de esta última por $3.078 millones. Todas estas obligaciones, pese a sus distintas monedas y plazos, quedan comprendidas en el mismo tratamiento judicial.
La maniobra no es nueva. Desde que ingresó en concurso en febrero de 2025, la empresa ha utilizado esta herramienta para frenar la escalada de embargos y extender los tiempos de negociación. Ya en diciembre de 2024 había caído en default por US$ 3,5 millones y más de $9.300 millones en pagarés bursátiles.
Una investigación penal
Mientras Surcos gana tiempo en el frente financiero, la situación judicial avanza por otro carril. El Ministerio Público Fiscal de Santa Fe investiga una posible estafa financiera vinculada a la emisión de estas mismas ON Serie XIV apenas un mes antes del default.
La causa apunta a determinar si la empresa ocultó información crítica sobre su fragilidad patrimonial al momento de colocar el instrumento. La causa apunta a determinar si la empresa ocultó información crítica sobre su fragilidad patrimonial al momento de colocar el instrumento.
En paralelo, la pérdida de confianza en el mercado es evidente. Las calificadoras ya ubican a la compañía en la nota más baja del escalafón crediticio, y su nombre se asocia cada vez más a un proceso concursal de final incierto.
Incertidumbre total
El concurso preventivo le otorga a Surcos la ventaja de ganar tiempo y evitar ejecuciones inmediatas, pero también la obliga a presentar un plan de reestructuración convincente que logre el apoyo de la mayoría de sus acreedores. Sin un acuerdo en el corto plazo, la empresa podría ver frustrado el objetivo de preservar su continuidad operativa y terminar en una quiebra con liquidación forzosa.
En el mientras tanto, el mensaje para los inversores es claro: los cobros quedarán congelados hasta que el juez concursal disponga lo contrario, y cualquier expectativa de recuperación dependerá de las condiciones que logre imponer la negociación judicial.
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