Los negociadores habían establecido una fecha límite difícil para la primera mitad de 2023. Aunque algunas reservas de ciertos países impidieron un acuerdo esta semana, se espera que esas preocupaciones se resuelvan en las próximas semanas, dejando el camino preparado para finales de año.
Según Manal Corwin, directora de política tributaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, hay una gran convergencia y acuerdo sobre los aspectos principales del acuerdo.
Si no se llega a un acuerdo rápidamente, los gobiernos podrían implementar impuestos específicos sobre las grandes empresas tecnológicas, conocidos como Impuestos a los Servicios Digitales, lo que probablemente provocaría represalias de Estados Unidos. Si no se llega a un acuerdo rápidamente, los gobiernos podrían implementar impuestos específicos sobre las grandes empresas tecnológicas, conocidos como Impuestos a los Servicios Digitales, lo que probablemente provocaría represalias de Estados Unidos.
Lily Batchelder, subsecretaria del Tesoro de Estados Unidos para política fiscal, señaló que se ha logrado un progreso significativo en las conversaciones, pero aún quedan cuestiones importantes por resolver.
Estas conversaciones se basan en un acuerdo de 2021 que estableció una tasa impositiva mínima sobre las ganancias de un grupo más amplio de empresas internacionales.
La parte del acuerdo que se está discutiendo actualmente implicaría una revisión radical de las reglas que determinan dónde se pueden gravar las ganancias. El objetivo es modificar los tratados entre naciones para evitar que los países impongan nuevos impuestos a las empresas.
Hasta ahora, 138 jurisdicciones han respaldado el acuerdo, mientras que Canadá, Sri Lanka, Pakistán, Rusia y Bielorrusia se oponen. Canadá considera que el acuerdo coloca al país en desventaja en comparación con aquellos con impuestos digitales preexistentes.
Las reglas existentes fueron diseñadas en una era en la que las empresas necesitaban una presencia física en un país para obtener ganancias allí. En la era digital, la proximidad física ya no es necesaria para atender a los clientes de una nación.
Los gobiernos han estado buscando formas de abordar la erosión de sus ingresos fiscales debido a este cambio. Europa ha buscado gravar a las grandes empresas tecnológicas estadounidenses que tienen una gran presencia pero pocos ingresos corporativos en sus países. Algunos países europeos han implementado impuestos sobre los servicios digitales para presionar a Estados Unidos a revisar las reglas.
En respuesta, Estados Unidos amenazó con imponer aranceles a las importaciones europeas. Las conversaciones actuales representan un intento de compromiso que permitiría a los países con una gran base de clientes obtener más ingresos a expensas de los países más pequeños donde las empresas tecnológicas han ubicado su propiedad intelectual.
Según el esquema actual, los impuestos unilaterales se suspenderían hasta al menos 2025 para permitir que las legislaturas aprueben las nuevas reglas. Se requiere la firma de aproximadamente 30 países que albergan el 60% de las empresas afectadas para que la prórroga entre en vigor. Según el esquema actual, los impuestos unilaterales se suspenderían hasta al menos 2025 para permitir que las legislaturas aprueben las nuevas reglas. Se requiere la firma de aproximadamente 30 países que albergan el 60% de las empresas afectadas para que la prórroga entre en vigor.
Los legisladores estadounidenses, especialmente los republicanos, han criticado el enfoque de la administración Biden en las negociaciones. Argumentan que no se les ha incluido ni informado adecuadamente sobre el impacto en las empresas y los ingresos de Estados Unidos. La aprobación de Estados Unidos es crucial para el progreso del acuerdo global.
La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha afirmado que la reasignación de los derechos impositivos tendría un efecto mínimo en la recaudación de Estados Unidos. Las empresas tecnológicas probablemente pagarían menos impuestos a Estados Unidos y más a los gobiernos extranjeros.
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