Importante: las 'retenciones' resultan, antes que nada, una mentira: no son retenciones porque no se devuelven ni se pagan a cuenta de nada sino que son una imposición al exportador, quien debe pagarla antes de realizar la exportación, y que obviamente traslada al productor.
De pronto, está claro que el #23A no es sólo contra las 'retenciones' sino contra el gasto público que quienes marcharán consideran excesivo, en especial en su capítulo de carga 'permanente' a los contribuyentes, una extorsión porque se las justifica en que, de lo contrario, los asistidos por el Estado serían ingobernables: ¿?
En verdad, muchos economistas -tanto del FdT como de JxC- se niegan a renunciar a las 'retenciones' y, cada vez que son consultados en privado por políticos, les dicen que aún 'hay margen' para o mantenerlas o aumentarlas, provocando un enojo en los productores agrícolas tanto con el FdT como JxC.
Es cierto lo que manifestó Iván Ordóñez en la revista digital Seúl:
"(...) el aporte de las retenciones a los cereales a las arcas estatales es relativamente bajo, mientras que el daño que producen en la rentabilidad de los cultivos es muy alto y reducen fuertemente la inversión tecnológica en ellos. (...)
Los impuestos a la propiedad de la tierra ya existen y, si bien aumentarlos vía alícuotas o valuación de los campos es mejor que tener impuestos a las exportaciones, todos los actores están acostumbrados a ver impuestos que sólo suben; la confianza en que la suba de uno eliminará al otro de manera permanente está demasiado dañada. Por otro lado, el impuesto inmobiliario rural es recaudación provincial que la Nación debería relegar y bienes personales impacta en otros activos.
Finalmente, vale la pena estudiar la idea de generar un bono que cotice en el mercado a cambio del pago de retenciones, lo que eventualmente generaría un mercado secundario que le permitiría al productor agropecuario en el corto plazo recuperar algo del valor, mientras que en el largo devolvería el cuantioso financiamiento que este otorga al Estado. Claro que a un ritmo de emisión de US$ 6.000 millones anuales se haría insostenible en pocos años.
Todas estas iniciativas tienen la complejidad de tener que identificar a quién impactó la retención, ya que quien las paga (el exportador) las traslada al productor en general en su totalidad. No es imposible, pero tampoco es fácil. Si las opciones presentadas para eliminarlas parecen insuficientes es porque en verdad lo son, por lo que vale la pena pensarlas entonces como una batería de herramientas para reducir parcialmente sus efectos más nocivos. Ninguna de estas medidas podría reemplazar totalmente a las retenciones y todas deberían aplicarse en forma relativamente gradual. (...)".
Esta última concesión al esquema de retenciones que firma Ordóñez en Seúl es una contradicción típicamente macrista pero se la cita porque hay quienes la repiten.
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