En este contexto hay opiniones diversas sobre el sistema y sus actores.
Algunos creen que el Estado es ineficiente, otros que la medicina privada es un gran negocio y dan pocas prestaciones, otros que los sindicatos hacen de las obras sociales parte de su política sindical y no dan servicio a la gente. Pero en Argentina no se trata de eliminar ninguno de estos sectores, sino más bien, ordenar para que se aproveche de la manera más eficiente posible esos recursos escasos. Algunos creen que el Estado es ineficiente, otros que la medicina privada es un gran negocio y dan pocas prestaciones, otros que los sindicatos hacen de las obras sociales parte de su política sindical y no dan servicio a la gente. Pero en Argentina no se trata de eliminar ninguno de estos sectores, sino más bien, ordenar para que se aproveche de la manera más eficiente posible esos recursos escasos.
Hay un problema en salud: cómo hacemos para que esos recursos escasos tengan la mayor efectividad posible en calidad de salud, en el tratamiento y por otro lado que todos los actores participen para hacer viable el sistema.
En mi opinión, a través del Ministerio de Salud, el Estado tiene que jugar el papel de rector, ser el gran ordenador de los jugadores: Estado, hospital público (que atiende casi al 35% de la población que no tiene ningún tipo de cobertura ordenada), a la seguridad social, que son las obras sociales a través de casi las 300 obras sociales inscriptas, a las 735 entidades de medicina prepaga inscriptas en la Superintendencia de Servicios de Salud, el PAMI con sus más de 5 millones de afiliados.
Un capítulo final que me parece clave: incorporar por parte del Estado a la industria farmacéutica a esa mesa de consenso para definir políticas de precio en materia de medicamentos. Porque los medicamentos -si uno analiza la conducta de los precios- en el año 2020, crecieron por encima de la inflación y de la evolución del precio del dólar.
No hay argumentos ni fundamentos técnicos que justifiquen que frente a una inflación del 50% -34% en el año 2020-, los medicamentos hayan aumentado entre un 70% y 100%. No hay argumentos ni fundamentos técnicos que justifiquen que frente a una inflación del 50% -34% en el año 2020-, los medicamentos hayan aumentado entre un 70% y 100%.
Cuando el INdEC analiza la evolución de los precios de los medicamentos, ponen en consideración 10.000 productos. Pero valdría la pena hacerlo sobre los 100 medicamentos de mayor consumo, donde hubo un mayor incremento, no solo en los niveles de facturación, sino en los precios.
Y ahí se demuestra que ante un incremento muchas veces fuera de control y sin ningún tipo de intervención, el único que podría participar de esto con alguna capacidad de regulación, como es el Estado nacional, para que no exista -por ejemplo- un producto como la aspirina que se incrementó un 400%, o productos como analgésicos, u otros que tienen que ver con el sistema neurológico o con problemas de ansiedad que la gente consume de manera muy significativa, donde los incrementos de precios superaron el 150% o 180%, algo que nada tiene que ver con ningún dato objetivo de la economía.
Además, los medicamentos para la terapia intensiva que durante las internaciones de Covid aumentaron un 1000% o más, tanto como el incremento de los descartables para todo el proceso Covid. No se trata de confrontar a la industria farmacéutica, sino de sentar a todas las partes con un papel rector del Estado que sea un ordenador para que la salud, como derecho constitucional, esté garantizada.
