Cristina lo hizo (o al menos lo pensó): Tan ridículo como mandar a un divorciado de embajador al Vaticano

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) El ex ministro de Justicia y Derechos Humanos, Alberto Iribarne, sería designado como embajador argentino en El Vaticano. O al menos es una posibilidad que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner está analizando seriamente. Pero hay un dato que no puede dejar de mencionarse, y es que Iribarne... ¡está divorciado de su mujer!. Así, la sola idea de enviarlo a la Santa Sede -la cual, claro está, no admite bajo ninguna circunstancia el divorcio- resulta en sí misma una ridiculez, y de concretarse, además, resultaría un fracaso rotundo. Es como si enviara a un judío como embajador en Irán, por mencionar algún caso que equipare a éste en nivel de ridiculez. Fuentes cercanas al funcionario indicaron al diario El Día que la designación sería anunciada esta semana, en reemplazo del hasta ahora embajador ante la Santa Sede, Carlos Custer, quien pidió su sustitución luego de cuatro años de gestión. Voceros oficiales señalaron que el destino de Iribarne estará al frente de una delegación diplomática y sostuvieron que una de las posibilidades es la de El Vaticano. Iribarne, quien a partir del 10 de diciembre es reemplazado en la cartera de Justicia por el ex ministro del Interior, Aníbal Fernández, habría recibido en un primer momento el ofrecimiento de ser representante diplomático en Perú. Cabe recordar que la jefatura de la Embajada ante Perú está vacante desde la muerte, en marzo de este año, del embajador Jorge Vázquez, que había llegado allí en 2002, durante el gobierno de Eduardo Duhalde. Pero por otra parte Custer, de extracción sindical, había señalado hace pocas semanas que tenía intenciones de regresar al país al término del mandato de Néstor Kirchner. En tanto, voceros eclesiásticos señalaron que posiblemente el Gobierno argentino buscará afianzar los vínculos con el Vaticano luego de los cortocircuitos registrados por el caso del ex vicario castrense Antonio Baseotto. Precisamente, el caso del reemplazante del obispo castrense es uno de los temas que deben resolver el Gobierno argentino y el Estado Vaticano.