El cerco sobre Karina comienza a cerrarse. Una investigación de Hugo Alconada Mon para el diario La Nación afirma que la hermana del Presidente estuvo involucrada en “las negociaciones que llevaron a la firma de una “carta de intención” con la plataforma Cube Exchange”, asociada a Kelsier y que se promocionaba con un spot que incluía imágenes de Milei; y luego “discutió el borrador de un “acuerdo de asociación”” con Hayden Davis. En ambos casos, que serían antecedentes del escándalo de $LIBRA, se trataría de negocios privados incompatibles con la función pública. Alconada Mon asegura que la secretaria general de la Presidencia “asumió la revisión final de ambos documentos, antes de que pasaran a las manos del Presidente para su firma”, para lo que se apoyó en Mauricio Novelli, sus socios en Tech Forum, Manuel Terrones Godoy y Ariel Parkinson, y Sergio Morales, el asesor de la CNV que tuvo que renunciar a su cargo esta semana luego de que su domicilio fuera allanado.
Morales, que aparece vinculado a Karina Milei por un nombramiento en la cartera que ella conduce pero donde no habría llegado a cumplir funciones, se presentó voluntariamente ante la fiscalía para ponerse a disposición. ¿Será el primero arrepentido del Criptogate? El fiscal Taiano también requisó el domicilio de Novelli y las oficinas de Tech Forum, en el primer movimiento de alto impacto de la causa, tres semanas después del tuit de Milei que inició todo. Novelli fue señalado por el New York Times como quien pedía abultadas sumas de dinero a empresarios cripto para reunirlos con Milei. El Presidente redujo todo a “chismes de peluquería”, mientras sigue evitando acusar a Davis, Novelli y los otros involucrados en la criptoestafa. “La llamativa ausencia de recriminaciones de Milei a quienes lanzaron la criptoshit luego de numerosos encuentros con él y con su hermana, sugiere que alguien está extorsionando al Presidente”, escribió Horacio Verbitsky en El Cohete a la Luna.
La revelación sobre el rol de Karina Milei en negociaciones con los empresarios vinculados a la criptoestafa seguramente será material para la ampliación de la denuncia de los ‘lilitos’, y motivo de mayor fastidio de la hermanísima, que -dicen- fue quien más refunfuñó en la Casa Rosada por el voto de Manuel García-Mansilla contra la licencia de Ariel Lijo para que, como el mismo novel ministro, el juez federal pueda asumir en la Corte Suprema en comisión, tal como lo dispuso un decreto presidencial. García-Mansilla prestó uno de los votos que con los de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz conformaron la mayoría que bloqueó la jura de Lijo en las condiciones que éste pretendía: sin renunciar a su cargo de titular del juzgado N°4 de Comodoro Py, de forma tal de eludir el riesgo de quedarse sin nada si el Senado finalmente no convalida su pliego. Ricardo Lorenzetti, promotor de Lijo en la calle Talcahuano, se abstuvo de votar. ¿Se conformó una nueva mayoría en la Corte? De ser así, y eso aún debe verificarse, no es la que esperaba el Gobierno, que vio al nominado que más cerca suyo estaba en términos ideológicos trabar, el menos circunstancialmente, la decisión presidencial de encumbrar a Lijo.
Lijo, por su parte, no renunció como juez federal y esperará a que su pliego sea tratado por el Senado. Allí un sector de la oposición intentará rechazarlo. También el de García-Mansilla. Para esto último se requiere de un dictamen de comisión que facilite el tratamiento en el recinto, sin mayorías especiales. El pliego de Lijo ya cuenta con uno favorable, mientras que el peronismo, Martín Lousteau y la larretista Guadalupe Tragliaferri buscan forzar otros de rechazo del de García-Mansilla, para lo que restaría una sola firma. Hay, sin embargo, quienes desconfían del bloque de Unión por la Patria, que en un principio prestó sus firmas para el dictamen favorable a Lijo, incluso de senadoras muy cercanas a Cristina Kirchner, como la santiagueña Claudia Ledesma y la catamarqueña Lucía Corpacci. Algunos creen que a pesar de que lo declama, el peronismo finalmente no rechazaría el pliego de Lijo, sino que sólo buscaría negociar un reemplazo de García-Mansilla. ¿Cesa el mandato del académico si el Senado rechaza su pliego? En el Gobierno dicen que no, que está blindado hasta el 30/11. En cambio, Tagliaferri, que preside la comisión de Acuerdo de la Cámara Alta, sostiene lo contrario, invocando que el decreto presidencial “no puede estar nunca por encima del Senado”, al que la Constitución le da la facultad de aprobar o rechazar la designación de jueces de la Corte.
La relación del Ejecutivo con el Congreso también se tensó a raíz de la decisión de aprobar con un DNU el eventual acuerdo con el FMI. Milei anunció ante la Asamblea Legislativa que iba a mandar el nuevo programa al Parlamento para que éste lo apoye. Lo ratificó luego en una entrevista al asegurar que debía hacerlo por la ‘Ley Guzmán’, que obliga a la aprobación de los acuerdos con el Fondo. El jefe de Gabinete, Guillermos Francos, agregó que el organismo no admitiría un decreto, en nombre de la seguridad jurídica. Sin embargo, días después el Gobierno confirmó que lo que enviará será un decreto de Necesidad y Urgencia para su convalidación, aunque no lo requiera para su entrada en vigencia. Fue luego de que desde el FMI aclararan que una ley del Congreso que avale un nuevo programa si bien puede resultar “clave para su éxito”, no es una exigencia del organismo, sino del “derecho interno” de la Argentina. La vocera Julie Kozak tampoco anticipó que se esté ante la inminencia de un acuerdo, sólo afirmó en tono burocrático que “las negociaciones continúan de manera constructiva”. Pero el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que ya está definido el programa y los montos de dinero fresco que incluirá, lo que no detalló. De todas formas, la resolución ni siquiera se publicó.
El DNU entrará en vigencia desde el momento en que se publique en el Boletín Oficial. Que el Congreso no lo trate no obstaculiza su validez, y sólo se requiere que una de las Cámaras lo apruebe para que quede ratificado. Por el contrario, se necesita que tanto la Cámara de Diputados como el Senado lo rechacen para que quede sin efecto. Caputo -el ministro de Economía, no Santiago, el que se peleó con Facundo Manes- explicó que se adoptará esa medida para escapar de la mayoría peronista en el Senado, que podría demorar la aprobación del acuerdo. Pero con ese mismo argumento, Caputo desautoriza el otro que se esgrimió para recurrir al DNU: que no se amplía la deuda neta y por lo tanto no hace falta una ley del Congreso.
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