Unos años antes, los profesores Pablo Spiller y Mariano Tommasi realizaron una serie de recomendaciones para dar mayor coherencia y estabilidad a las políticas públicas de Argentina, tras llegar a la conclusión de que las características institucionales y la inestabilidad política habían conducido a un Congreso “no profesional y cortoplacista”, a una Administración Pública ineficiente y a una Justicia poco independiente e “incapaz de ejercer un contrapeso suficiente de los demás poderes”. Estos mismos autores documentaron en 2007 la volatilidad en varias políticas de gran relevancia (fiscal, comercial, regulatoria, social), una circunstancia que conduce a resultados económicos y sociales muy inferiores a los deseables.
La historia de incumplimientos de sus compromisos internacionales es, en el caso de Argentina, interminable. No en vano se trata del país con más causas activas en el CIADI por denuncias presentadas por empresas e inversores de toda condición. Y otro tanto cabría decir de las deudas millonarias con el Club de París, asociación de 19 países que negocia el pago de deudas bilaterales entre Estados y que fue creada a mediados del siglo XX para resolver, precisamente, otra suspensión de pagos, otro default, de Argentina. Entre los temas pendientes en el Club de París está la deuda que el país austral mantiene con España.
Por otro lado, si algo distinguió al Gobierno argentino tras la suspensión de pagos que antecedió al famoso corralito, la más abultada y prolongada de la historia económica contemporánea, fue acompañar los impagos (más de 900.000 millones de dólares) con insultos a los acreedores privados de todo el mundo, a quienes el presidente Kirchner calificó en numerosas ocasiones de timberos, ahorristas buitres y jugadores de casino. Todo ello después de intentar una quita-trágala de más del 75% de la deuda. Pero quizás lo más irritante fue que un Gobierno especialista en tirar por la calle del medio, en incumplir los compromisos firmados y pisar los derechos de propiedad pudiera atreverse a pedir explicaciones y a reclamar la “comprensión y cooperación” de los inversores extranjeros, al tiempo que destruía los últimos restos de su confianza. Y mientras esto sucedía, los capitales autóctonos huyeron en estampida a las primeras de cambio, esperando al abrigo de cualquier contratiempo unas circunstancias favorables para el regreso oportunista, en una más de sus demostraciones patrióticas preferidas. Ahora puede estar repitiéndose el proceso.
Durante el mandato de Néstor Kichner, un presidente caudillista próximo al chavismo que jamás reunió a su Consejo de Ministros, Argentina aumentó hasta límites insufribles la inseguridad jurídica de las empresas oferentes de servicios públicos utilizando diversas fórmulas, como congelaciones irracionales de tarifas o el establecimiento de impuestos abusivos a la exportación. Por su parte, grupos de piqueteros oficialistas, parados que recibían subsidios del Gobierno y obedecían directa y ciegamente a los Kichner (por ejemplo, para bloquear durante meses el puente que une Argentina con Uruguay), se desplegaron por supermercados y gasolineras para impedir manu militari el aumento de precios. Una original política de lucha contra la inflación, complementada con el hostigamiento a la prensa independiente y con la persistente manipulación del Índice de Precios elaborado por el Indec, Instituto de Estadística. Manipulación que se ha vuelto ahora a retomar.
En paralelo, los Kichner iniciaron la “reargentinización” de antiguas empresas públicas y privadas propiedad de inversores extranjeros, sobre la base de presiones sin cuento, para que sus dueños dieran entrada en el accionariado, más o menos por la cara, a empresarios argentinos próximos a la Casa Rosada. Posteriormente se procedió a expropiar Aerolíneas Argentinas y a nacionalizar los fondos privados de pensiones, hecho que movió a declarar al alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, que los Kichner habían convertido el Estado en “un estafador en serie”. Más comedidos, los medios de Wall Street calificaron la decisión de “gran vergüenza” y “error de proporciones monumentales”. De este modo, el Gobierno argentino provocó el éxodo de empresas multinacionales (Shell y Suez, entre otras) y que la inversión directa internacional prefiriera recalar en países como Chile, México o Brasil. Un informe de CEPAL señaló en 2008 que la República de El Salvador superó a la Argentina en el saldo neto de inversiones extranjeras en el bienio anterior.
Pues bien, el remate final de este proceso le ha puesto la presidenta Fernández con la expropiación del 51% de las acciones de YPF propiedad de Repsol, incumpliendo las normas del Derecho Internacional y el Acuerdo para la protección recíproca de inversiones entre España y Argentina, de 3 de octubre de 1991. Una decisión duramente criticada por todos los países serios del mundo y que incrementará más, si cabe, el aislamiento internacional (EE
UU expulsó recientemente a Argentina de su Sistema de Preferencias Generalizadas) de un país cuyo Gobierno se mueve cada vez más en el nacional-populismo, jaleado por grupos dogmáticos de creación propia, mientras tiene a casi medio país sometido al clientelismo político y por debajo del umbral de pobreza. Algunos analistas argentinos consideran que este despropósito no se hubiese realizado sin negociación previa con Repsol de haber vivido Néstor Kichner, de quien se decía que solía “recurrir a los actos para enmendar sus palabras”, muchas veces lapidarias y destinadas al consumo del populismo interno. Es imposible de saber. Lo único cierto es que su esposa continúa conduciendo no ya sin rumbo sino cuesta abajo a un país que, como dice el tango de este título, está hastiado de “arrastrar por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser”.
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