Otro revés para Milei: Anulan DNU sobre política migratoria
La Cámara Nacional Electoral (CNE) declaró la nulidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Javier Milei que transfería la competencia para otorgar la ciudadanía argentina a la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio de Seguridad.
El tribunal consideró que el Presidente se "excedió" en sus atribuciones constitucionales al avanzar sobre facultades que le corresponden exclusivamente al Poder Legislativo, tal como pudo consignar Agencia Noticias Argentinas.
La resolución de la Cámara se basó en dos ejes centrales que fulminan la legalidad del decreto. En concreto, habla de invasión en materia electoral, porque los jueces recordaron que otorgar la ciudadanía está directamente ligado a la adquisición de los derechos políticos (como el voto). La Constitución Nacional, en su artículo 99 inciso 3°, prohíbe de forma expresa y "bajo pena de nulidad absoluta e insanable" que el Poder Ejecutivo dicte DNUs que regulen la materia electoral.
A su vez, el tribunal desmontó los argumentos del Gobierno al señalar que no existían razones de "rigurosa excepcionalidad" que impidieran que este cambio de leyes se discutiera de manera ordinaria en el Congreso de la Nación.
"Los tribunales deben resguardar el principio de jerarquía normativa", explicaron los magistrados, argumentando que la Justicia tiene la obligación de hacer valer las leyes por encima de cualquier decreto que intente modificarlas sin cumplir con los requisitos de la Carta Magna.
El DNU 366/2025 modificó también la Ley de Migraciones, la Ley de Educación Superior y la Ley de Educación Nacional.
En materia de ciudadanía, trasladó la facultad de otorgar la nacionalidad de los jueces federales a la Dirección Nacional de Migraciones y exigió que los dos años de residencia previa fueran no solo continuos, sino también legales y sin salidas del país.
Entre los cambios introducidos vía DNU a la ley 25.871 se destacaban el endurecimiento de las deportaciones y del acceso a la ciudadanía argentina a la vez que se habilita el arancelamiento del acceso al sistema sanitario y la educación superior, aunque este punto queda a decisión de las universidades.
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