CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- En una denuncia que fue presentada este miércoles (11/07) pidieron investigar a los padres y al hermano del vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, como supuestos testaferros.
Ante esta presentación, el fiscal federal Jorge Di Lello solicitó sumar a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del vicepresidente, a sus padres y a su hermano. Las sospechas recaen en que el vicepresidente podría haber utilizado a su familia para disimular un supuesto enriquecimiento ilícito.
El abogado Ricardo Monner Sans, presidente de la Asociación Civil Anticorrupción, fue quien presentó el pedido y explicó que "la figura del enriquecimiento ilícito castiga no sólo al funcionario público que mejora inexplicablemente su patrimonio, sino a la persona interpuesta para disimularlo”.
Además, el planteo se apoya en el Código Penal, ya que éste determina que se deberá aclarar el origen de los bienes de los familiares de las personas investigadas por presunto enriquecimiento ilícito, en este caso de Boudou.
Según trascendió en la presentación, figura que el padre de Boudou, tiene una constancia de ANSES que indica que posee un haber jubilatorio de sólo $1.732. Además, detalla que adquirió el beneficio previsional en el año 2006 por aplicación del Decreto 1299/98.
Por su parte, la situación de la madre del vice es similar: Tiene un haber jubilatorio de $1.732 y también adquirió el beneficio previsional en el año 2006, pero por aplicación de la Ley 24241.
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El escrito sostiene que "sus datos laborales, conforme al anexo F, indican que en algún momento perteneció a la categoría de autónomos. Como se ve, de la documentación adjunta no surge que ninguno de ellos registraran bienes a su nombre. Entonces, ¿de quién es el departamento que han denunciado como casa-habitación en la documentación aportada? ¿Alquilan? ¿Quién es el "locador"? ¿Quién les abonaría, en consecuencia, un alquiler de envergadura superior a la suma de los dos haberes jubilatorios?".
De esta manera, el padre, la madre y el hermano de Boudou se suman al listado de quienes fueron imputados por el fiscal: la novia del vice, Agustina Kämpfer; José María Núñez Carmona, socio y amigo íntimo del vicepresidente; y Alejandro Vandenbroele, abogado, que estaría a cargo de la nueva Ciccone que se quedó con un contrato para imprimir billetes de 100 pesos otorgado por el Gobierno.
Aunque este caso no está directamente vinculado con el de Ciccone, donde se investiga al funcionario por el supuesto delito de negociaciones incompatibles con la función pública, los actores se repiten. La causa se tramita en el juzgado de Ariel Lijo, que tomó la causa Ciccone después de que Daniel Rafecas fuera recusado.
Es un secreto a voces que la Presidente Cristina Fernández ya no le tendría a Boudou la misma estima que en un principio, pero no se anima a obligarlo a que dé un paso al costado, ya que maneja información comprometedora que tiene en el centro de escena a Florencia Kirchner.
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Si saliera a la luz esta información nuevamente el kirchnerismo quedaría muy mal parado y por ahora, la Presidente prefiere morderse la lengua y aguantar que su vice sume cada vez más problemas.