"El fiscal Carlos Rívolo encabezó ayer (viernes 23/03) un allanamiento a la planta de la ex Ciccone Calcográfica, hoy Compañía de Valores Sudamericana (CVS), en Don Torcuato. También se emitió una orden de presentación al Banco Provincia para que remita el expediente crediticio de la ex Ciccone. La búsqueda apunta a encontrar documentación sobre The Old Fund, el fondo de inversiones que se quedó con Ciccone y también Dusbel SA, una de las tantas sociedades uruguayas constituidas en Montevideo. Rívolo trata de determinar si los nuevos dueños de Ciccone son conocidos o amigos de Amado Boudou y si por eso fueron favorecidos. La versión de la familia Ciccone es que son ellos los dueños de The Old Fund en un 70%, aunque no queda claro quién es propietario del otro 30%. Lo que parece nítido es que hubo una política oficial para sacar de la quiebra a Ciccone y, sobre todo, evitar que esa imprenta –de las más sofisticadas del país– quede en manos de Boldt SA, otra imprenta de gran porte, a la que se vincula con el duhaldismo. (...)".
En tanto, Amado Boudou viaja. En el Boletín Oficial del viernes 23/03 se publicó el decreto 407/2012 autorizándolo a viajar a Seúl (Corea del Sur) y Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) entre los días 23 y 30 de marzo.
En Surcorea, a la Cumbre de Industria y Seguridad Nuclear 2012. En Seúl esperan para el evento a los presidentes Barack Obama, de USA; y Hu Jintao, de China.
En Emiratos Árabes, al Seminario Internacional sobre Seguridad Social Sostenible, donde disertará sobre las "políticas sociales como respuesta a una crisis económica".
En cuanto a los procedimientos judiciales ocurridos el mismo viernes, fueron:
> allanamiento de la planta impresora de la ex Ciccone Calcográfica, en Don Torcuato, hoy Compañía de Valores Sudamericana (CVS), en el kilómetro 24,5 de la Panamericana, en el partido de Tigre, cuyo alcalde es Sergio Massa, quien conoce a varios de los protagonistas del entuerto de sus días en la ANSeS: Amado Boudou y José María Núñez Carmona; y
> orden de presentación a la sede del Bapro para obtener el expediente iniciado tras la visita de Vandenbroele, quien hizo gestiones ante el anterior titular del Banco Provincia, Guillermo Francos, para que la entidad no se opusiera al levantamiento de la quiebra de Ciccone, aun cuando la imprenta le debía al banco más de $ 6,71 millones. El Banco Provincia colaboró con los que realizaron el operativo y entregó lo solicitado por el juez Daniel Rafecas a instancias del fiscal federal Carlos Rívolo.
Ya fueron allanadas la sede del fondo de inversión The Old Fund SA en Puerto Madero; y el departamento en Barrio Norte de Alejandro Paul Vandenbroele, directivo de CVS.
En tanto, el socio de Boudou, José María Núñez Carmona, designó como su abogado a Diego Pirota, integrante del estudio de Darío Richarte, ex Nº2 de la Secretaría de Inteligencia del Estado en el gobierno de Fernando de la Rúa, que defiende, por ejemplo, a Claudio Uberti en el caso de la valija del venezolano Antonini Wilson.
El dato relevante es que Richarte es el socio a cargo del estudio jurídico de Javier Fernández, auditor general de la Nación (AGN) desde octubre de 2011, reelegido en 2008, con mandato hasta 2016.
Versiones previas indicaban que Javier Fernández había visitado la Quinta de Olivos 2 semanas antes para renovar su 'fe en el modelo', entrevista con Cristina Fernández de Kirchner en la que habría insistido en que no hay motivos para desconfiar de él. Ocurre que en la intimidad de la Presidente abunda la sospecha en general, incertidumbre que alcanza niveles preocupantes.
La visita de Javier Fernández a Olivos fue confidencial. En general, él prefiere el silencio absoluto, en especial desde que lo tirotearon meses atrás, en un hecho hasta hoy muy confuso.
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Fernández se declara militante peronista (prueba de ello fue su ascendo en los años '90 de la mano de los menemistas César Arias, Rodolfo Barra y Adolfo Vázquez), pero sus críticos lo acusan de tráfico de influencias y métodos irregulares para conseguir las resoluciones judiciales que espera el Gobierno. Javier Fernández lo niega.
La relación de Fernández con Julio De Vido es conocida, se supone que vía Richarte, quien está al frente del estudio jurídico.
De acuerdo a Laura Zommer, en el diario La Nación,
"el presidente de la Auditoría, Leandro Despouy, acusa a Fernández de obstaculizar todas las investigaciones que involucran a De Vido y al Gobierno; y Manuel Garrido, el ex fiscal de investigaciones administrativas, lo denunció por retacearle información. Como estrategia de defensa, Fernández presenta denuncias contra él mismo regularmente a raíz de lo que publican los medios, y fiscales y jueces cierran los casos por falta de precisiones. Además, le ganó un juicio a un ex secretario del ex ministro Raúl Granillo Ocampo, que lo señaló como quien pagaba los sobresueldos a jueces."
