La jefa del Estado no tiene definida aún una fecha de regreso a Buenos Aires, pero como su cumpleaños 59 es este domingo (19/02) se especula con que podría quedarse varios días descansando en su casa de El Calafate.
Si bien aún no se conocen los detalles del contraataque cristinista a favor de la minería, sí se sabe cuál es el modelo a seguir para el Gobierno, y todo vuelve a remitir a Tierra Santa…Cruz.
[ pagebreak ] Lo explica Alejandro Bercovich, en un artículo publicado este martes (15/02) por el diario BAE:El ejemplo que intenta multiplicar la Secretaría de Minería es el de Cerro Vanguardia, donde la estatal Fomicruz es socia minoritaria de la sudafricana Anglogold Ashanti con el 7,5% de las acciones. Como la Ley de Inversiones Mineras exime a las multinacionales del pago de la mayoría de los impuestos nacionales y pone un tope del 3% a las regalías provinciales, Río Gallegos embolsa más dinero gracias a esa participación que por los tributos que cobra. Fomicruz también es socia de otros emprendimientos aún en etapa de exploración, como Cerro Negro.
La idea empezó a macerar antes de las elecciones presidenciales, tal como adelantó BAE en septiembre último. Pero el catalizador para aplicarla fueron las multitudinarias protestas que disparó el rechazo de Famatina a la explotación de su cerro por parte de la canadiense Osisko Mining. También el escándalo de la última semana en Catamarca, donde la represión dejó al menos 16 heridos y donde hasta ayer se respiraba un clima de tensión inédito, con “contrapiquetes” que según los ambientalistas fueron montados por la empresa de capitales suizos Bajo La Alumbrera, con la connivencia del gremio AOMA y del gobierno provincial.
Pero la minera emitió un comunicado en el que subrayó que “no es responsable ni tiene ningún tipo de relación con la aparición de grupos de choque” en Andalgalá. Además, negó que haya participado en alguna maniobra para cercenar la libertad de expresión.
La Cámara de Empresarios Mineros (CAEM) declinó hacer comentarios sobre la reunión de mañana, pero las multinacionales del sector aceptarían que se incremente la participación del Estado en sus negocios con tal de mantener los privilegios de la Ley de Inversiones Mineras, la única que garantiza “estabilidad fiscal” a las empresas por treinta años a partir de la presentación de sus estudios de factibilidad. 