Juanita Goebertus, directora de HRW para América latina, dijo a Clarín que “Milei asumió en un contexto de una grave crisis económica, social e institucional. Un año después, ha logrado mayor estabilidad en la economía, a través de un inmenso ajuste fiscal, pero las señales institucionales son de aún mayor deterioro”.
Especificó que “el presidente se ha mostrado intolerante a la crítica, ha promovido regulaciones excesivas a la protesta y con la nominación de Lijo amenaza la independencia de la Corte Suprema. Su política exterior, contraria a los derechos de las mujeres y las minorías, lo ha aislado de consensos básicos de otras democracias y países occidentales”.
El informe reconoce que “el plan de austeridad del presidente Milei redujo drásticamente el gasto público”, aunque la motosierra tuvo impacto en la financiación de varios programas sociales.
“Durante los primeros cuatro meses del 2024, los programas destinados a víctimas de violencia de género sufrieron recortes de entre el 70 % y el 100 %. Los recortes también afectaron a programas de atención médica a enfermos de cáncer y de integración de personas con discapacidad”, señaló y consignó también que Milei vetó leyes aprobadas por el Congreso para aumentar jubilaciones y la financiación de universidades públicas.
En el aspecto institucional, Goebertus advirtió que es “preocupante” que el presidente Milei haya nominado a Ariel Lijo para cubrir una de las vacantes de la Corte Suprema. “Numerosas organizaciones de derechos humanos, ciudadanos, asociaciones empresariales y académicos expresaron su preocupación por el historial de Lijo como juez federal. A octubre [de 2024], Lijo tenía cinco investigaciones disciplinarias pendientes en el Consejo de la Magistratura”, advierte el informe, para recordar que el postulante de Milei para el máximo tribunal enfrentó “otros 29 procedimientos disciplinarios que fueron archivados, incluidos 16 in limine, es decir, sin ningún análisis. Algunos procedimientos se basaron en acusaciones de que Lijo atrasó o manipuló investigaciones por casos de corrupción”.
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Sobre el plano social advierten sobre la forma de frenar los piquetes. “Que el protocolo antipiquetes continúe vigente también es preocupante, dado que en la práctica criminaliza cualquier afectación al tránsito que se derive de una protesta. Si bien el gobierno puede mostrar como un triunfo haber reducido los cortes de calle, la ciudadanía se enfrenta a un grave obstáculo para poder ejercer, ahora o en un futuro, su derecho a la protesta pacífica”, dijo Goebertus.
El informe de HRW recuerda, además, que en enero, tres relatores especiales de Naciones Unidas solicitaron al gobierno “adecuar el protocolo a los estándares internacionales sobre el derecho de reunión pacífica” y que, en junio, “la policía activó el protocolo y respondió disparando balas de goma y gases lacrimógenos y golpeando a manifestantes” que rechazaban el tratamiento en el Congreso de la Ley Bases.
En el plano de la seguridad, el informe reconoce la baja de los homicidios a nivel país y en Rosario en particular como “crucial”, sobre todo en el contexto actual de América Latina con una presencia cada vez mayor del crimen organizado. “El mejoramiento del control carcelario sin duda explica en parte estos resultados”, dice Goebertus, que ha visitado la zona.
“Pero es importante que el gobierno se enfoque en mejorar las capacidades investigativas del poder judicial y de los fiscales. Propuestas legislativas como la baja de edad de la imputabilidad penal, modificaciones al Código Penal que buscan ampliar los tipos penales o un involucramiento de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interna normalmente no son efectivas y pueden exponer a la población a abusos”, advierte.
Los ataques a periodistas insumen otro punto del informe anual. “El presidente Milei y miembros de alto nivel de su gabinete han utilizado una retórica hostil para estigmatizar a periodistas independientes y a medios de comunicación, usualmente a través de publicaciones en redes sociales, discursos y entrevistas que incluyen una amplia variedad de insultos y ataques personales”, afirma HRW, que cita al Foro de Periodistas Argentinos (Fopea) y su informe sobre los 45 periodistas que, para septiembre de 2024, habían sido “agredidos verbalmente” por Javier Milei.
Fuerte cruce entre el Gobierno y Amnistía Internacional
Tras un informe de Amnistía Internacional Argentina que puso en evidencia el "uso excesivo de la fuerza" por parte del Gobierno de Milei en las protestas sociales y que concluyó que la aplicación del "Protocolo Antipiquetes" implicó "serios retrocesos en el derecho a la protesta", tanto Patricia Bullrich como el Presidente salieron con los tapones de punta contra la ONG.
"No entienden nada", "no tienen vergüenza", "están del lado de los delincuentes", fueron algunas de las frases de la ministra de Seguridad contra la organización de derechos humanos Amnistía Internacional.
Javier Milei, por su parte, compartió el tuit del escritor y activista chileno Axel Kaiser -presidente del think tank Fundación para el Progreso- acusando a AI de ser "brazo político comunista".
Amnistía Internacional Argentina salió a responder: "entendemos que tocamos un nervio cuando exponemos los abusos". Y le espetó a Patricia Bullrich diversos informes en los que viene informando "sobre la profunda crisis de derechos humanos en Venezuela".
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