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Transformación: Santa Fe convirtió un kiosco narco en centro de consumos problemáticos

El Gobierno de Santa Fe entregó un inmueble decomisado en una causa de narcotráfico a una ONG de Rosario.

SANTA FE. El Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), entregó un inmueble decomisado en una causa de narcotráfico a la asociación civil "Madres Territoriales" de la ciudad de Rosario.

La iniciativa se enmarca en las políticas que el gobierno administrado por Maximiliano Pullaro lleva adelante para derrumbar a las organizaciones criminales atacando su plato fuerte (lo económico). En tanto, se decomisan los bienes vinculados a actividades ilícitas y luego se devuelven a la sociedad.

Transformación: De kiosco narco a centro de atención

La actividad fue encabezada por la ministra de Igualdad de Desarrollo Humano, Victoria Tejeda y el secretario de Gestión de Registros Provinciales, del Ministerio de Gobierno, Matías Figueroa Escauriza. También estuvo presente la ministra de Salud, Silvia Ciancio.

El sitio, ubicado en la zona de Nicaragua y Pitágoras, en el sector conocido como Villa Fanta (al oeste de Rosario, cerca de Circunvalación), funcionó como un lugar de venta de estupefacientes, y ahora pasa a manos de la asociación civil Madres Territoriales, que se dedica a la rehabilitación de personas con consumos problemáticos.

Previo a su cesión, la Provincia refaccionó el espacio y suministró el equipamiento, con fondos provenientes de las subastas de bienes decomisados al delito. La casa cuenta con 15 plazas de alojamiento y espacios para talleres.

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El Gobierno de Santa Fe y un trabajo articulado con una ONG.

Una política de Estado

Al respecto, Escauriza recordó que al momento de asumir "había muchas propiedades de las bandas narcocriminales más importantes de Rosario, y el Estado no había avanzado en la toma de posesión". En base a eso, "con una fuerte definición política del gobernador (Maxi) Pullaro, avanzamos en esta toma de posesión de la casa, desalojamos y además tomamos posesión de otras 15 propiedades de las bandas narcocriminales más grandes del Rosario", precisó.

Sobre esa línea, contó que todos los bienes recuperados, con el objetivo de debilitar a las organizaciones criminales, se fueron dando para diferentes fines.

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La casa cuenta con 15 plazas de alojamiento y espacios para talleres.

"Algunas de estas propiedades las vamos a subastar, otras tendrán otros usos, y a esta casa la quisimos trabajar en conjunto con la asociación civil Madre Territoriales, que trabaja con los jóvenes que tienen dificultades por el consumo de drogas, las principales víctimas de los narcos", señaló.

En ese sentido, manifestó que "Es la primera vez que pasa en la Argentina que a una casa que se compró con la plata del narcotráfico, el Estado se la saca y se la da a una institución que va a trabajar con las personas que tienen problemas de adicción para su recuperación".

Quien también dio detalles de la acción fue Luciano Sciarra, secretario de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (Aprecod). "Donde antes funcionaba el narcotráfico, vivía una familia de narcotraficantes, hoy se transforma en un lugar para la recuperación de adicciones, para el acompañamiento de personas que tienen problemas", indicó.

Por su parte, Betina Zubeldía, titular de la Asociación civil, explicó que será "un espacio donde las personas transitan hasta que puedan conseguir un lugar más cerrado que los pueda contener”.

Entidades

Madres Territoriales se fundó en 2012 en Rosario. Realiza un trabajo integral con asistentes sociales, psicólogos y médicos. Además de brindar tratamiento a personas con adicciones, ofrecen alojamiento a quienes están en el programa y no tienen un lugar donde vivir.

Madres Territoriales articula acciones con la Aprecod, a través de la firma de un convenio de colaboración.

Por su parte, la Aprad es la entidad del Gobierno que administra los bienes y efectos que son objeto de secuestro u otras medidas dispuestas en causas judiciales como consecuencia de delitos o contravenciones.

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