Asimismo, dejó en claro entender que "más allá de lo que es la política de drogas, como política sanitaria a nivel nacional, nosotros como provincia tenemos que pensar también el impacto en la violencia territorial que desencadena la venta de drogas, así que esto es la anulación de este lugar como punto de venta".
Sobre esa línea, el funcionario indicó que "esto es muy frecuente en distintos puntos, a lo largo y ancho de toda provincia, y le diría que ha ocurrido también la misma problemática en otras provincias".
"También hay intervenciones judiciales que por ahí resultan en detenciones o en imputaciones a las personas, pero muchas veces el que atiende un kiosco de drogas o es una persona fungible dentro de una organización que los maneja, con lo cual si uno de alguna manera desactiva el kiosco, uno detiene dos o tres personas y mañana hay cinco más ocupando ese lugar", añadió.
Por su parte, el fiscal, Diego Vigo, también destacó "el trabajo interagencial en el que se ha priorizado el abordaje de determinados puntos de venta y se ha materializado de esta manera la recuperación del espacio público que tiene un efecto simbólico muy importante, entonces el vecino pueda recuperar cierta tranquilidad de pacificación social".
Siguiendo las huellas
La demolición de estos tres búnkeres de venta de drogas, situados en la misma zona capital provincial, se suman a los 20 aplastados en Rosario y localidades cercanas luego de haber sido identificados y judicializados en el marco de la Ley de Microtráfico.
Esos 20 eran puntos de venta ubicados en Tiro Suizo, Empalme Granero y La Tablada de Rosario; uno en Fray Luis Beltrán, uno en Villa Constitución y uno en Puerto General San Martín.
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Las primeras demoliciones en el marco de la Ley de Narcomenudeo tuvieron lugar en Rosario.
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