Cómo empezó la pesadilla
La causa se inició en julio de 2013, cuando el padre de las víctimas inició la denuncia por los abusos sexuales hacia sus hijos. Los hechos ocurrieron entre el 2005 y el 2011, se trataban de encuentros rituales pero el caso estuvo paralizado durante años hasta que la fiscal Laura Cattáneo, decidió retomar la investigación.
La acusación involucra a la mamá de los menores, una tía, un tío y el abuelo materno, una vecina, un expolicía y hasta un locutor de la localidad de Gualeguaychú. La progenitora fue una de las señaladas ya que, según se pudo probar en el juicio, llevó a cabo conductas que terminaron alterando el desarrollo sexual de los menores, tanto psíquico como fisiológico.
La mujer los “preparaba” para que su cuerpo pudiera tolerar los abusos sexuales a los que serían sometidos. Las mismas consistían en actos sexuales de ella con sus hijos en los que los masturbaba o los obligaba a realizar acciones sobre su propio cuerpo, siendo ella una adulta y las víctimas menores de 10 años.
Además, los obligaba a participar de orgías y fiestas sexuales entre adultos, al principio como “observadores” pero luego de manera activa. Estos “rituales”, según los testimonios de los chicos, hoy en día mayores de edad, fueron denunciados ante la fiscal del caso.
El juicio se desarrolló a puertas cerradas y las identidades de las personas ahora condenadas se preservaron con el fin de evitar la identificación de las víctimas. El único nombre que se dió a conocer fue el del ahora ex comisario Mario René Furlong Wolff, a quien condenaron a 22 años de prisión siendo el autor responsable del delito de corrupción de menores agravada por la edad de las víctimas.
La madre fue condenada bajo el mismo cargo y se le sumó el de “promoción a la porstitución”, por la edad de las víctimas. La fiscal Cattáneo movió la causa luego de revisar los testimonios que brindaron las víctimas en Cámara Gesell. En el juicio oral impulsaron la acusación la fiscal coordinadora Matilde Federik y el fiscal Mariano Budassoff, en tanto que la abogada Marina Hundt y el abogado Máximo Estrugo actuaron como querellantes.
La jueza Castagno afirmó que los abusos sexuales denunciados por las víctimas, menores de edad al momento de haber ocurrido, fueron acreditados durante el juicio.
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