“Recomponer, en base a los flagelos sufridos a lo largo de la historia el estado constitucional de derecho, llevó y lleva en la actualidad un arduo trabajo, que involucra a la sociedad en su conjunto, de la cual forman parte tanto los funcionarios públicos como aquellos que sobre todo se dedican al derecho” agrega y sentencia que “es inadmisible e insostenible, que un proceso se inicie con prueba violatoria a las mínimas garantías constitucionales, y/o lo que es peor aún, que pueda ser iniciada a través de la comisión de un delito penal”.
El juez resulta tajante en su decisión cuando afirma que “no pueden ser admitidas bajo ningún concepto como parte de un juicio respetuoso del debido proceso, pruebas o testimonios que hayan sido obtenidos, como a esta altura puede observarse, mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal.”
Versión K
La decisión de Ramos de archivar la causa echa por tierra la teoría del kirchnerismo expuesta en el diario oficialista Página/12 el 5/1 cuando afirma que la denuncia contra Robles por parte de Marano tenía como fin darle a Ramos el pie para pedirle al juez de Santiago del Estero (donde recayó la denuncia del gobernador Zamora contra Robles por el mismo motivo de los chats), que se aparte con el argumento de que los hechos ocurrieron en la CABA.
El matutino planteaba dudas sobre las motivaciones de Marano para presentar esa denuncia al recordar que era también abogado de Carrizo, uno de los imputados como partícipe del intento de magnicidio contra CFK.
Pero nada de eso ocurrió y ramos se decantó por archivar la causa.
Incompetencia
Sobre la denuncia del gobernador Zamora, cabe recordar que el juez federal de Santiago del Estero Guillermo Molinari, que intimó a Silvio Robles a que le entregue sus teléfonos celulares para periciarlos, se declaró incompetente y envío la causa a la Capital Federal.
El juez consideró que los presuntos delitos habrían tenido lugar en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires por lo que la justicia federal de Santiago del Estero, “resulta incompetente para su investigación y juzgamiento”.
Zamora había acusado a Robles de los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y trafico de influencias.
Molinari fue funcionario de Zamora y además es tío de su esposa, la presidente provisional del Senado, Claudia Abdala.
Otras denuncias
Por su parte, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, también denunció a Robles ante la justicia federal riojana.
Quintela denunció a Robles y a D’Alessandro por violación de los deberes de funcionarios públicos y por tráfico de influencias.
Por el momento, en los tribunales de Retiro, había, al menos, dos denuncias contra Robles y D'Alessandro en el juzgado federal de Ariel Lijo. La de Marano era una de ellas, ahora archivada.
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