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Pullaro suma enemigos: Los trabajadores judiciales

La administración de Maximiliano Pullaro tomó medidas para "aliviar" la tensión en el Poder Judicial. Sin embargo, los trabajadores redoblaron la apuesta.

SANTA FE. La lucha de los trabajadores judiciales se convirtió en histórica. No hay antecedentes en las últimas décadas. Si bien al comienzo de la semana, por medio de un decreto provincial, se derivó una nueva partida presupuestaria para la Justicia de unos 5.200 millones de personas, desde el Poder Judicial siguen apuntando contra Maximiliano Pullaro.

Paro de judiciales

Este miércoles (6/11), los trabajadores se movilizaron en la capital santafesina hasta la Casa de Gobierno y desde el sindicato alertaron a los empleados judiciales sobre el derecho a huelga.

Por medio de un comunicado, expresaron que "Ante cualquier perturbación en el ejercicio del derecho a huelga consagrado por la Constitución Nacional (artículo 14 bis) y Provincial (artículo 20) por algún superior u otro motivo, pedimos a los compañeros llamen al Sindicato para su defensa y denunciar tal situación a las autoridades correspondientes".

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La medida de fuerza busca no solo visibilizar el malestar por la falta de avances concretos, sino también asegurar que las autoridades provinciales den respuesta efectiva a las demandas de los trabajadores judiciales.

El reclamo de los empleados judiciales viene en incremento, aunque ahora parece comenzar a destrabarse. El planteo vinculado al pago de retroactivos adeudados que, según el sindicato, corresponden a mayo, junio, julio, agosto y parte proporcional del aguinaldo, hay otros reclamos que aún no tienen respuestas. En tanto, este jueves continúa la medida de fuerza por 24 horas hasta que todos los planteos sean saldados. Será una jornada sin asistencia al puesto de trabajo.

Esta decisión impactará en Santa Fe, Rosario, Reconquista, San Cristóbal, Tostado y Villa Ocampo. En la Cuna de la Bandera, la medida resuena particularmente fuerte debido a la cantidad de empleados y el volumen de actividad en sus dependencias judiciales, poniendo en evidencia la insatisfacción del sector frente a las promesas incumplidas y los cambios jubilatorios.

El paro, que afectará principalmente al personal administrativo, de servicio y maestranza, obstaculizará el normal funcionamiento de la actividad judicial, lo que incide directamente en las tareas diarias de los profesionales del foro. A raíz de ello, la Presidencia de la Corte ha decidido suspender las audiencias y los plazos procesales en todas las sedes judiciales de Santa Fe para esa fecha, sin perjuicio de que se puedan llevar a cabo actos judiciales con el consentimiento de las partes involucradas o si así lo disponen los responsables de las unidades jurisdiccionales.

Apuntes a Maximiliano Pullaro

En ese marco, Jorge Perlo, secretario ejecutivo del Sindicato de Empleados Judiciales de la provincia, reconoció que pese a que "está depositado el dinero que nos deben de los retroactivos en las cuentas de los trabajadores y trabajadoras judiciales", aún restan "158 decretos que tiene retenidos el gobernador a la firma". Esta situación genera frustración y malestar en el sector.

Sobre esa línea, lamentó que "nadie le va a devolver a los que tienen que ascender el dinero que perdieron entre una categoría y la otra", lo que agrava el descontento de los judiciales quienes consideran que la gestión de Pullaro no está cumpliendo con sus compromisos.

El dirigente sindical también se mostró sorprendido por la intensidad del conflicto: "No recuerdo tres o cuatro semanas seguidas de paro. La última gran medida de fuerza fue en el 94, cuando se sancionó la "Ley de Enganche" (mecanismo por el cual se actualizan los sueldos".

Los tribunales santafesinos realizaron tres paros durante octubre y noviembre sigue los pasos. Ante esta situación, es la primera vez en 30 años que los empleados lanzan estas medidas drásticas.

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Judiciales, Juan Pablo Langella, metió presión y aseguró que si el gobierno provincial comienza a cumplir "la promesa pública del ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabian Bastía" en relación a la firma de decretos vinculados a ascensos e ingresos donde hay involucradas más de 500 personas, el paro se levantará.

En tal sentido, sostuvo que se dará "no solamente por el reconocimiento de nuestro régimen salarial, sino también por el respeto a lo que establece a la Constitución respecto del nombramiento de empleados, promoción y ascenso, y cobertura de vacantes".

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