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Profesor condenado en la UNC.
El caso, que se resolvió hace pocas horas, fue paradigmático para la Justicia a nivel nacional. Y, sobre todo, para toda la comunidad universitaria en Argentina.
Bien sabido es que hay muchos casos similares, en los que profesores abusan de su condición de autoridad para obtener réditos de su alumnado. Dichos beneficios no siempre son económicos, aunque igualmente son denigrantes para el alumnado.
Esas prácticas tienen un espacio especial en la educación pública universitaria, donde la falta de control y la casi perpetuidad de los cargos provocan que no se respete la periodicidad de las cátedras, tal y como se estableció en la Reforma Universitaria de 1918, justamente nacida en Córdoba. Y con ello nace el deterioro de los derechos universitarios.
Lo mismo puede encontrarse en las universidades privadas, aunque con menor frecuencia gracias a que los resortes monetarios le permiten a los universitarios reclamar como “clientes”. Algo que, muy a pesar de muchos, sirve como medio de control al poder del profesorado.
Así, el caso de Córdoba es un fresco recuerdo de que la educación pública no debe ser tan sólo gratuita y accesible, sino también de calidad. Y eso no se consigue solo con mayores niveles de exigencia académica, sino con la práctica de principios educativos igualmente equitativos.
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