El Gobierno envió un proyecto que tiene como eje principal el equilibrio fiscal, y admitiría cambios que no alteren en ese principio básico. Por eso en la Casa Rosada esperarían ver el dictamen para terminar de decidir si extienden o no el período parlamentario. Es que desde allí ya dejaron trascender que prefieren volver prorrogar el presupuesto 2023, hoy en vigencia, antes de aceptar uno que transgreda el eje rector de la política económica.
Había sido el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien había confirmado que no iba a haber una prórroga del período legislativo. “No está previsto que se convoque a sesiones extraordinarias”. El ministro coordinador también alimentó las sospechas de que Milei no quiere una ley de presupuesto sino prorrogar el que se sancionó en 2022, lo que le permitiría un uso discrecional de los recursos.
"No tenemos una urgencia tampoco en que el Presupuesto sea aprobado. Creemos que sería un buen signo institucional que el Congreso de la Nación apruebe el presupuesto que envió el Ejecutivo, pero si no lo hace, seguiremos con la prórroga del Presupuesto actual”, afirmó.
Pero la urgencia por evitar que se caiga el DNU que cambia las condiciones para hacer canjes de deuda llevó al Gobierno a negociar con los gobernadores para que estos ordenen a sus legisladores no bajar al recinto. Finalmente, la sesión especial convocada para el martes fue suspendida ante el riesgo de no alcanzar el quorum. Se pasó para el 30/11.
A cambio de esa colaboración -que no habría estado exenta de presiones- el Gobierno se habría comprometido a avanzar con el Presupuesto. Una vez que naufragó la sesión en Diputados se confirmó la cita a la reunión de comisión.
Funcionarios del gobierno nacional se reunieron este martes por la mañana con representantes de los bloques de diputados del PRO, la UCR e Innovación Federal para retomar las negociaciones del proyecto.
En la reunión, la delegación de Pro y de la UCR insistieron con el petitorio de 5 puntos que demandan los gobernadores. Ellos se resumen en los siguientes:
- Financiamiento del déficit de las cajas previsionales provinciales no transferidas de acuerdo con los pactos fiscales. El Gobierno, por ahora, no se mueven de los $254 millones asignados.
- Financiamiento de la compensación del Pacto Fiscal de 2017.
- Eliminar las afectaciones específicas del impuesto a los combustibles cuyos fondos, a juicio de los gobernadores, está subejecutados. Pretenden que se coparticipen.
- Reducción del aporte que realizan las provincias de los fondos coparticipables para financiar a la AFIP (ahora ARCA).
- Coparticipación de los Aportes del Tesoro (ATN) no distribuidos.
De acuerdo al diario La Nación, en la Casa Rosada avisan que revisarán el costo fiscal del petitorio, pero no abrirán la billetera del gasto si los gobernadores no aceptan discutir, en paralelo, las deudas que sus provincias tienen con el Estado Nacional.
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