"Es imprescindible que cualquier reestructuración o descentralización de estos servicios se realice con plena consideración de los derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial e intelectual, tal como lo establecen los principios fundamentales de nuestro sistema de salud mental", apuntaron.
En base a ello, solicitaron al Estado Nacional que aclare de manera urgente los planes para ratificar una atención adecuada y que tome decisiones dentro de un plano de diálogo amplio y transparente con los actores involucrados.
"La protección de la salud mental de la población debe ser una prioridad", concluyeron.
Miles de personas fueron atendidas en lo que va del año por el Bonaparte. Desde la institución estiman que unas 98.000 personas pasaron en lo que va del año y que tan solo en dispositivo de Abordaje Territorial se alcanzó a unas 15.000. Sin embargo, desde el gobierno argumentan que hay pocas internaciones y que los recursos destinados no justifican que siga abierto y por eso debe cerrase.
De concretarse la medida dispuesta por el ministro de Salud, Mario Lugones, que hace pocos días asumió su cargo, el Bonaparte dejará de atender miles de casos en salud mental, como también de consumos problemáticos o adicciones, sobre todo a personas en situación de calle o que no tienen obra social.
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