Como parte de las medidas, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) requirió a las empresas que operan en el Aeropuerto de San Fernando que preserven todos los registros fílmicos correspondientes a los días 12 y 17 de febrero de 2026, fechas asociadas al viaje.
El pedido apunta a asegurar imágenes de cámaras de seguridad en hangares e instalaciones, con el objetivo de reconstruir el recorrido del funcionario.
El circuito del vuelo, bajo análisis
La causa también permitió avanzar sobre cómo se financió el viaje. Según datos incorporados al expediente, el vuelo de ida habría sido abonado por la productora Imhouse, propiedad de Marcelo Grandio, periodista de la TV Pública, amigo de Adorni y quien aseguró haberlo hospedado en Uruguay.
El regreso, en cambio, aparece vinculado a un paquete de diez vuelos facturados a un tercero. La persona registrada como comprador es Agustín Issin Hansen, con domicilio en Uruguay y sin exposición pública. Ante esta situación, la Justicia prepara un exhorto diplomático para obtener más información.
La versión de Adorni: un “complot interno”
Tras la difusión del video, Adorni denunció una maniobra en su contra. “Es una campaña para desestabilizar al Gobierno desde adentro”, afirmó, al tiempo que sostuvo que la filmación fue realizada “desde adentro” del aeropuerto.
El funcionario adelantó que se iniciaría una investigación interna para determinar responsabilidades por la filtración.
Un caso que se amplía
El episodio del vuelo no quedó aislado. En las últimas semanas, el jefe de Gabinete quedó envuelto en otras polémicas que ampliaron el foco sobre su situación.
Por un lado, generó cuestionamientos el viaje de su esposa, Bettina Julieta Angeletti, en el avión presidencial a Nueva York. Por otro, surgió una denuncia penal vinculada a la compra de una propiedad en un country bonaerense.
Según documentación oficial, Angeletti figura como titular de una vivienda en el barrio Indio Cua desde el 15 de noviembre de 2024. La operación fue denunciada por la diputada Marcela Pagano, lo que abrió interrogantes sobre su inclusión en la declaración jurada del funcionario.
En ese punto, la normativa vigente establece que los bienes del cónyuge deben declararse, pero pueden figurar en un anexo reservado, cuyo acceso está restringido. Solo puede ser consultado por decisión del Ministerio de Justicia o a pedido de la Justicia, en el marco de una causa.
Un escenario abierto
Con el avance de la investigación y la aparición de nuevos datos, el caso continúa escalando. Mientras el Gobierno intenta explicar el origen del video y atribuir responsabilidades, la Justicia profundiza el análisis de los hechos.
En ese contexto, el episodio dejó de ser solo una polémica mediática para convertirse en un expediente con múltiples aristas, que combina denuncias, acusaciones cruzadas y un trasfondo político cada vez más visible.
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