Con la declaración de emergencia de marzo pasado se crearía una Comisión de Emergencia en Materia Penitenciaria integrada por un representante de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, otro de la Dirección Nacional del SPF, y se invitaría a los Ministerios del Interior, de Hacienda y de Seguridad o nombrar a un funcionario.
Cabe destacar que desde que Mauricio Macri asumió la presidencia, se creó solo una nueva cárcel: el complejo federal de Cuyo, en Mendoza, que fue inaugurado parcialmente a fines del año pasado.
Todavía está en marcha la construcción de la cárcel federal de Coronda, en Santa Fe, y otra en la localidad bonaerense de Mercedes.
Mientras tanto, según los datos oficiales, la población en las cárceles aumentó un 35% en los tres últimos años.
La población carcelaria de la Argentina llega a 85.283 presos mientras que la capacidad de todo el sistema penitenciario es de 74.060, es decir que se alojan 115 presos en un espacio previsto para 100.
Según datos de World Prision Brief, en otras cárceles de América latina, la situación es aún peor. El caso más extremo es el de Haití, donde 454 detenidos se ubican en el lugar diseñado para 100. Entre los países limítrofes, Bolivia y Brasil tienen 254 y 167 respectivamente.
Semanas atrás, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, repitió que la sobrepoblación de casi 2.000 presos en las cárceles federales se debió a un aumento "efectivo en el combate de la criminalidad" y afirmó que para subsanar esa situación se están construyendo nuevas unidades, como la del Complejo Penitenciario Federal VII en Marcos Paz que está en obra y reemplazará a la de Devoto.
Pero ninguna de ellas se terminará en el corto plazo.
“Se está haciendo la inversión para tratar de solucionar esta situación", aseguró el funcionario.
Este martes (23/7) Macri se reunió con Garavano para discutir proyectos edilicios a fin de descomprimir el Palacio de Tribunales y Comodoro Py de los detenidos.
Se presentaron los proyectos para la construcción de dos alcaidías luego de que la semana pasada la Cámara del Crimen instara a la Corte Suprema a tomar intervención en la crisis.
Pero las obras demorarán varios meses. La reforma de las estructuras de San Telmo y la de tribunales de Inmigrantes tienen plazo de ejecución recién dentro de 6 a 8 meses de que se adjudique la obra.
En tanto, la Cámara Federal de Casación Penal había prohibido el ingreso de nuevos internos a Marcos Paz por sobrepoblación.
