Ese contexto es el que alimenta las críticas y los interrogantes sobre el alcance real de la comunicación institucional y su eventual superposición con mensajes de carácter político. Si bien desde el municipio sostienen que se trató de difusión de actos de gestión, la magnitud del monto y el momento elegido reavivaron una discusión recurrente en años electorales.
El detalle administrativo y el pago con fondos públicos
El decreto que autorizó la contratación establece que el expediente contó con los avales técnicos correspondientes y la intervención de las áreas de Compras, Contaduría y Asuntos Legales. También prevé el envío de la documentación al Tribunal de Cuentas bonaerense, un control que se realiza de manera posterior y no frena la ejecución del gasto.
La empresa seleccionada fue OANA S.A.S., una firma dedicada a servicios de comunicación digital, que certificó la prestación durante el mes de julio. La primera facturación presentada ante el municipio fue por $50 millones, correspondiente a uno de los tramos del contrato.
Un debate que se repite
El caso vuelve a poner sobre la mesa un dilema habitual en la política local: los límites entre la comunicación institucional y la campaña, especialmente cuando los desembolsos se producen en plena antesala electoral.
Mientras desde la gestión defienden la legalidad del procedimiento, el episodio se suma a una lista de decisiones que, año tras año, alimentan la discusión sobre la transparencia del gasto público y el uso de la pauta oficial como herramienta política.
______________________________
Más noticias en Urgente24:
Embajada argentina en Venezuela: ¿Vuelve Milei con diplomáticos a Caracas?
Furor por el nuevo descuento de Cuenta DNI que todos estaban esperando
FAdeA, todavía en pie por sus trabajadores: Nueva certificación internacional de capacidades
