Entre quienes suscribieron el acta se encuentran Santiago Santurio, Rubén Torres, Gladys Humenuk, Mónica Becerra, Santiago Pauli, Andrea Fernanda Vera, Bárbara Andreussi, Miguel Rodríguez, Carlos Zapata, María Luisa González Estevarena, Jairo Guzmán y Gabriela Muñoz, todos integrantes del bloque libertario.
La diputada Bárbara Andreussi, referente del Movimiento Popular Jujeño, también confirmó que todavía no existe un borrador concreto. No obstante, expresó públicamente su postura tras el encuentro:
“Estuve presente en el Congreso en un evento por el Día del Niño por Nacer. Allí, junto a otros diputados, asumimos el compromiso de trabajar activamente en la defensa de las dos vidas, hasta lograr la derogación de la aberrante e inconstitucional ley del aborto”.
Además, agradeció el trabajo de organizaciones como Fundación +Vida, Defensores de Mamás, La Merced Vida y la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable, destacando su rol en el acompañamiento a mujeres en situaciones de vulnerabilidad.
Del evento participaron también referentes del movimiento provida como Gabriel Ballerini, la doctora Fátima Silva, Patricia Soprano, Lorena Aguilar, Ayelén Alancay y Raúl Magnasco.
Los diputados libertarios defienden la vida desde la concepción
Otro de los presentes fue el diputado salteño Carlos Zapata, quien sostuvo que la ley vigente es inconstitucional y cuestionó el uso de recursos públicos:
“El documento que firmamos es un compromiso en defensa de la vida del niño por nacer y, a futuro, procurar derogar la Ley de Aborto. El uso de fondos públicos para interrumpir la vida del niño por nacer constituye un uso indebido de los fondos públicos”.
Antecedentes y proyectos que no avanzaron
El intento de derogar la Ley de IVE no es nuevo dentro del espacio libertario ni de sectores afines. Tras las elecciones de 2023, algunos legisladores ya habían presentado iniciativas en esa dirección, aunque ninguna logró avanzar en el Congreso.
Uno de los casos más recientes fue el de la diputada santafesina Rocío Bonacci, quien el 5 de febrero de 2024 presentó un proyecto para eliminar la ley 27.610. La propuesta incluía, además, modificaciones al Código Penal, con sanciones específicas para quienes practiquen abortos.
El texto proponía cambios en el artículo 85, estableciendo penas de prisión de entre uno y diez años, con agravantes que podían elevarlas hasta 15 años en caso de muerte de la mujer.
En los fundamentos, Bonacci argumentó:
“Entendemos que dicha Ley no es constitucional, y contraría el sentir general del pueblo argentino y que no contempla la dignidad de la persona humana, razones por las cuales corresponde promover su derogación”.
Sin embargo, esa iniciativa nunca fue tratada en comisión ni llegó al recinto.
Algo similar ocurrió en abril de 2023, cuando el entonces diputado del PRO Francisco Sánchez presentó otro proyecto con el mismo objetivo. En ese caso, además de cuestionar la constitucionalidad, criticó la denominación de la ley:
“No es menor el hecho de que la ley adopta desde su título una terminología falaz ‘Interrupción voluntaria del embarazo’, cuando se trata lisa y llanamente del aborto”.
Tanto ese proyecto como el de Bonacci quedaron sin tratamiento legislativo.
Un debate que vuelve al centro
Aunque por ahora no hay un proyecto formal en discusión, el compromiso firmado por diputados libertarios reabre un debate que ya había generado fuertes divisiones en la sociedad y en el Congreso. Por el momento, la iniciativa se encuentra en una etapa política y simbólica, pero deja en claro que dentro del oficialismo hay sectores dispuestos a volver a poner en agenda uno de los temas más sensibles de la política argentina reciente.
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