La legisladora exige conocer el itinerario completo del vuelo, incluyendo los horarios de llegada y salida de Puerto Iguazú, las escalas realizadas y los destinos previstos.
En particular, reclama que se aclare si Miami, en Estados Unidos, era el destino inicialmente solicitado y si posteriormente fue modificado por Guayaquil, Ecuador, u otro aeropuerto.
Para despejar las dudas, pidió que se entreguen los planes de vuelo originales y sus eventuales modificaciones.
Otro punto central es la demora que habría experimentado la aeronave antes de abandonar el aeropuerto misionero. Frade quiere saber cuánto tiempo permaneció allí, si existió alguna orden de retención o una negativa para autorizar el despegue y, en ese caso, qué autoridad tomó esa decisión.
También solicita identificar al funcionario que finalmente autorizó la partida y conocer si los organismos encargados de los controles migratorios recibieron comunicaciones sobre posibles restricciones judiciales que pudieran afectar a los pasajeros.
¿Quién pagó el vuelo de Flávio Bolsonaro?
El aspecto económico ocupa una parte importante del requerimiento presentado ante Karina Milei.
Frade solicita que se informe cuánto se facturó y cuánto se pagó efectivamente por la permanencia del avión en Iguazú, incluyendo los gastos de estacionamiento, uso de instalaciones aeroportuarias, asistencia en tierra y otros servicios.
Además, exige identificar a las personas o empresas responsables de esos pagos y determinar si se aplicaron descuentos, exenciones o condonaciones.
Sin embargo, la pregunta más sensible para el Gobierno es si algún organismo o empresa estatal asumió gastos relacionados con el vuelo, la espera o la asistencia de los pasajeros.
La diputada también busca establecer si se utilizaron vehículos oficiales, personal del Estado, custodias, instalaciones públicas u otros recursos nacionales durante la operación.
En caso de confirmarse alguna erogación estatal, reclama que se identifiquen los montos, las partidas presupuestarias utilizadas y los funcionarios responsables de autorizar los pagos.
Por el momento, el documento no acredita que se hayan utilizado fondos públicos: precisamente, ese es uno de los puntos que la legisladora pretende esclarecer.
Santiago Caputo, entre los funcionarios sobre los que piden información
El pedido no se limita a los costos del avión. También busca determinar si existieron gestiones políticas desde el Gobierno argentino para facilitar el traslado del senador brasileño.
Frade solicita que se informe si funcionarios de la Presidencia, la Secretaría General, la Jefatura de Gabinete u otras dependencias nacionales participaron de alguna manera en la operación.
En ese apartado aparece mencionado expresamente Santiago Caputo, sobre quien la diputada pide conocer si estuvo en Misiones durante los días en cuestión y si intervino en gestiones relacionadas con el vuelo.
También reclama que se detalle si un eventual traslado o estadía del asesor presidencial demandó recursos públicos.
La presentación incluye otro interrogante: si existieron comunicaciones entre funcionarios argentinos, la empresa operadora del avión y autoridades de Brasil, Ecuador o Estados Unidos para coordinar el viaje.
Para comprobarlo, solicita documentación oficial, correos institucionales, instrucciones y registros de las comunicaciones que pudieran haberse producido.
Karina Milei, ante un pedido formal de explicaciones
La presentación está dirigida a Karina Milei en su carácter de secretaria general de la Presidencia, aunque Frade también solicita que aquellos puntos que correspondan a otros organismos sean derivados a las autoridades competentes.
La diputada reclama copias de los expedientes administrativos, autorizaciones, facturas, comprobantes de pago y cualquier documentación relacionada con la operación.
Además, pide conocer si se detectaron irregularidades o si se iniciaron investigaciones administrativas o denuncias vinculadas con los hechos.
El requerimiento establece un plazo de 15 días hábiles para entregar la información, conforme a la Ley 27.275, y exige que las respuestas estén acompañadas por documentación respaldatoria.
La iniciativa abre un frente de cuestionamientos sobre las circunstancias que rodearon el traslado de Flávio Bolsonaro desde territorio argentino. Ahora, las respuestas oficiales serán determinantes para establecer quién financió la operación, qué ocurrió durante la permanencia del avión en Iguazú y si existió algún tipo de intervención del Gobierno nacional.
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