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"No estoy de acuerdo: el gobierno promulgó ley de emergencia en discapacidad y luego la suspendió"

La abogada especializada en el tema discapacitados y diputada nacional por Córdoba dijo que “con la suspensión se están violando principios constitucionales”.

“La ley cumplió con todos los recaudos. El gobierno nacional podría implementar la nueva norma, sin compromiso fiscal, simplemente haciendo más eficiente su gestión” señaló la diputada nacional justicialista por Còrdoba Alejandra Torres.

“Con una auditoría bien ejecutada se podrían detectar los ardides y fraudes y con ese ahorro, el dinero sería suficiente. Habría que reasignar esos recursos para mejorar los aranceles actuales”.

La legisladora mediterránea sostuvo también:

Los problemas de fondo no se solucionan con declaraciones ni con más recursos; el sistema necesita rediseño: reglas claras de gestión y financiamiento que permitan respuestas más eficaces y equitativas. Los problemas de fondo no se solucionan con declaraciones ni con más recursos; el sistema necesita rediseño: reglas claras de gestión y financiamiento que permitan respuestas más eficaces y equitativas.

Para la integrante de la cámara baja, el área de discapacidad enfrenta tres tensiones:

-fraudes en pensiones no contributivas,

-desamparo de personas con discapacidad

-reclamos de obras sociales y prepagas por obligaciones crecientes, mal definidas y sin financiamiento.

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Diputada nacional por Còrdoba Alejandra Torres cuestionó que el gobierno suspendiera la ley de emergencia en discapacidad

El área de discapacidad y sus procesos kafkianos

“El sistema opera atrapado en burocracia, normas confusas y organismos superpuestos, lo que genera ineficiencia, costos evitables y abandono de los más vulnerables”.

En los últimos 20 años, las pensiones por discapacidad crecieron de 76.000 a más de un millón. Pasaron de 0,2% a 3% de la población. En algunas provincias, constituyen el 8% y en ciertas localidades el 40% cobra pensión.

“A menudo, personas con cobertura médica acceden a determinados servicios mientras los sectores más vulnerables quedan excluidos” sostuvo la letrada quien se desempeñó como Investigadora del Instituto de Estudios de la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea.

Es crucial no distorsionar el sistema usando pensiones por invalidez como atajo para otros beneficios sociales. La discapacidad no debe ser una vía para compensar fallas estructurales del sistema de protección social. Eso termina perjudicando a quienes realmente viven con discapacidad y necesitan más apoyo del Estado. Es crucial no distorsionar el sistema usando pensiones por invalidez como atajo para otros beneficios sociales. La discapacidad no debe ser una vía para compensar fallas estructurales del sistema de protección social. Eso termina perjudicando a quienes realmente viven con discapacidad y necesitan más apoyo del Estado.

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