Qué incluye el proyecto que llegará al Congreso
El rediseño que el Gobierno intenta reimpulsar había contemplado, entre otras medidas, la disolución de áreas como Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional del Tránsito. También incluía la eliminación de organismos como la ARICCAME, el INAFCI y el INASE, además de la transformación de entidades técnicas como el INTI, el INTA, el INV y el INPI.
Sin embargo, tras el rechazo legislativo en 2025, el Ejecutivo debió dar marcha atrás y restituir la normativa anterior para garantizar el funcionamiento de la administración pública.
Ahora, la nueva estrategia busca darle respaldo legal a esos cambios, aunque con ajustes que podrían modificar el alcance original de la reforma.
El ajuste del empleo público, en el centro del debate
La iniciativa también se vincula con la política de reducción del empleo estatal que impulsa la Casa Rosada. De acuerdo con el último informe del Ministerio de Desregulación, con datos actualizados a febrero de 2026, desde diciembre de 2023 se eliminaron 65.528 puestos de trabajo en el sector público, lo que representa una caída del 13% del total.
El mismo documento detalla una reducción del 18,5% en la Administración Pública Nacional y del 13% en la estructura descentralizada, un segmento sobre el cual el Gobierno planea concentrar ahora parte de los cambios.
En Balcarce 50 sostienen que el objetivo es avanzar sobre estructuras que consideran “superpuestas, sobredimensionadas o de baja productividad”, en línea con el diagnóstico que ya había sido expuesto en los fundamentos del decreto 462/2025.
Un debate político que vuelve a escena
El envío del proyecto promete reabrir un conflicto político que ya tuvo fuerte resistencia en 2025. En aquel momento, la oposición, los gobernadores y los gremios estatales cuestionaron tanto el contenido de las medidas como el mecanismo elegido para implementarlas.
El rechazo del Congreso obligó al Gobierno a retroceder en reformas que ya habían sido dispuestas, con el argumento oficial de preservar la continuidad operativa del Estado.
En esta nueva etapa, el Ejecutivo busca evitar ese escenario. Por eso, si bien reconocen que el proyecto será presentado en los próximos meses, aún no hay una fecha definida. La prioridad, explican, es ordenar primero otras iniciativas legislativas, como la denominada Ley Hojarasca y el paquete vinculado a la propiedad privada.
La estrategia oficial es clara: postergar una discusión de alto voltaje político hasta contar con el respaldo suficiente en ambas cámaras que permita avanzar con una reforma estructural sin repetir el traspié del año pasado.
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