La Corte, la Procuración y una disputa por el poder
El trasfondo del conflicto no es solo coyuntural. Lo que está en juego es la configuración del poder judicial en los próximos años.
Los jueces federales impulsan que se cubran las vacantes en la Corte Suprema y en la Procuración General de la Nación, dos espacios clave para el control institucional. En paralelo, el Gobierno comenzó a mover fichas enviando pliegos al Senado para cubrir cargos judiciales, muchos de ellos vinculados a funcionarios o familiares del propio sistema judicial.
Entre los nombres más resonantes aparece Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, propuesto para un tribunal en Santa Fe. También figuran perfiles cercanos a jueces federales que hoy tienen en sus manos causas sensibles para el oficialismo.
Sin embargo, la estrategia no está exenta de riesgos. Dentro del propio sistema judicial advierten que avanzar en designaciones sin consensos amplios podría profundizar el conflicto en lugar de resolverlo.
Además, el Gobierno enfrenta un problema político clave: necesita votos del peronismo en el Senado para aprobar cualquier nombramiento relevante. Y hoy ese respaldo está lejos de estar garantizado. “¿Por qué el PJ le daría un procurador o un juez de la Corte a Milei, justo cuando pasa su peor momento?”, deslizó un operador judicial.
Causas sensibles y límites políticos del Gobierno
El avance de expedientes judiciales también expuso los límites de la estrategia oficial. La causa vinculada a la criptomoneda $LIBRA quedó en manos de Martínez de Giorgi, mientras que la investigación sobre el patrimonio de Adorni recayó en el juzgado de Ariel Lijo.
A eso se suma la filtración de audios y documentos relacionados con el empresario Mauricio Novelli, que incluyen un presunto contrato millonario con el presidente Javier Milei. Todo este combo elevó la presión sobre el Gobierno y reforzó la percepción de vulnerabilidad.
En este contexto, algunos dentro del oficialismo admiten que faltan operadores políticos con peso suficiente para tejer acuerdos entre la Casa Rosada, la Justicia y el Congreso. El antecedente de 2024, cuando fracasaron los intentos de nombrar jueces en la Corte, sigue fresco y condiciona cualquier nuevo movimiento.
El factor electoral y los tiempos que corren
El calendario también juega su propio partido. En la Justicia circula la idea de que el momento clave para enviar pliegos al Senado podría coincidir con el próximo Mundial. “Cuando esté jugando la Selección, más si al equipo argentino le va bien, podría ser un buen momento para meter los pliegos para la Corte”, confió un funcionario judicial.
La lógica es aprovechar un contexto de menor atención pública para avanzar con decisiones sensibles. Sin embargo, el margen de tiempo es acotado: el próximo año será electoral y complicará aún más cualquier intento de negociación.
Mientras tanto, el sistema judicial enfrenta un problema estructural: más del 36% de los cargos están vacantes, un número que podría escalar en los próximos meses. En la Procuración, la situación es todavía más crítica, con casi la mitad de los puestos sin cubrir.
En este escenario, el Gobierno se mueve en una delgada línea entre la confrontación y la negociación. La necesidad de estabilizar su frente judicial choca con la dificultad de construir consensos políticos y con una Justicia que muestra autonomía y capacidad de presión.
La “paz judicial” aparece así como un objetivo tan necesario como complejo. Y, por ahora, lejos de concretarse.
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