En ese documento, además, se dejó asentado que el convenio quedó sujeto a la aprobación del Congreso argentino, y que sería remitido en los días siguientes.
Qué fondos están involucrados y cuánto reclaman
El caso involucra a fondos como Bainbridge Fund y el grupo de acreedores encabezado por Attestor, que mantenían fallos firmes contra el país por la cesación de pagos de 2001.
Los reclamos alcanzaban cerca de 600 millones de dólares. Sin embargo, fuentes cercanas a la negociación sostienen que el monto final acordado sería inferior, dado que parte de los activos vinculados a los bonos Brady ya había sido ejecutada previamente.
Embargos en pausa: activos estratégicos bajo discusión
Uno de los puntos más delicados del conflicto estaba vinculado a las medidas de ejecución en Estados Unidos. Entre ellas, el intento de avanzar sobre activos estatales como las acciones del Banco Nación y de Aerolíneas Argentinas.
Estas acciones quedaron momentáneamente suspendidas, a la espera de que el Congreso apruebe el acuerdo y permita cerrar definitivamente el litigio.
Estrategia del Gobierno de Milei: negociar y defender en simultáneo
El envío del proyecto forma parte de una estrategia más amplia del Ejecutivo. Por un lado, sostiene la defensa en los casos que considera abiertos en tribunales internacionales; por otro, busca cerrar por vía política aquellos litigios donde existe margen para una salida negociada.
En ese esquema también se inscribe la reciente instancia favorable para la Argentina en la causa por YPF, que aún sigue en trámite en la Justicia estadounidense.
La estrategia está coordinada por el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, junto con la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal.
Un intento por cerrar un capítulo del default de 2001
A más de dos décadas del colapso de la deuda, el Gobierno intenta avanzar sobre uno de los últimos frentes judiciales abiertos. El paso por el Congreso no solo busca formalizar el acuerdo, sino también dotarlo de mayor respaldo político e institucional.
Si el proyecto obtiene el aval legislativo, la Argentina podría cerrar uno de los litigios más persistentes derivados del default de 2001 y consolidar una estrategia orientada a ordenar su frente judicial en el exterior.
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