La nota fue remitida también a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso de la Nación, donde diputados opositores ya venían reclamando la presencia de Alonso por sus declaraciones públicas contra un fallo de la Corte Suprema de Justicia y su confesión pública de desentenderse de las querellas contra el Gobierno nacional.
En Diputados hay al menos dos proyectos de resolución para citar a la titular de la OA, uno encabezado por Rodolfo Tailhade y otro por Raúl Pérez, del FpV-PJ, el massismo, el Movimiento Evita y Red por Argentina.
En uno de esos escritos, los legisladores afirman que "Alonso está seriamente cuestionada por actos de corrupción, deliberadamente omite presentarse formalmente en las investigaciones penales que involucran al gobierno y es muy distinta su actitud frente a causas que afectan a funcionarios de administraciones anteriores”.
En abril, Alonso desafió a la AGN en declaraciones al diario La Nación: "Nosotros no tenemos ningún problema en que se nos audite, todo lo contrario. Así lo dejamos establecido en las sucesivas comunicaciones que mantuvimos por escrito con la AGN. Lo que no estamos autorizados a entregar es la información sobre las denuncias presentadas por la OA ante la Justicia y el estado actual de esas denuncias. Se trata información que afecta a terceras personas y solo puedo entregarla si hay una orden judicial, y este no es el caso”.
Según La Nación, cuando Alonso supo en 2018 que sería auditada le solicitó a la AGN que le precise "los objetivos, el alcance del trabajo, los criterios y procedimientos que se van ejecutar y los resultados que se esperan alcanzar con la auditoria". Los auditores interpretaron que Alonso pretendía condicionar la entrega de la información que le requerían. Alonso lo niega.
Entonces empezaron idas y vueltas con respuestas y notas sobre la calidad de la auditoria, los alcances de la misma, algunos datos que sí entregó la OA y la insatisfacción de la AGN por el material recibido.
Todo eso derivó en la amenaza de la demanda a Alonso en abril pasado y que se concretó ahora mediante un amparo que presentó la Auditoria ante el Fuero Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires.