Por ejemplo, Roberto Navarro, periodista ultra K y militante del oficialismo y Frente de Todos, en días pasados salió a quejarse furioso contra Alberto Fernández, y "llorando" salió a quejarse que su medio, El Destape, no cobraba pauta oficial desde hacía varios meses.
"Se cumplen 7 meses de este gobierno y Clarín ya lleva 500 millones de pesos cobrados por pauta, más o menos, porque el Gobierno priorizó pagar primero la pauta de Macri, a diferencia de Macri, que cuando llegó no pagó la deuda que dejó Cristina. Claro, al priorizar la deuda que dejó Macri, los priorizó a ellos".
Y siguió: "¿Sabés cuánto cobró de pauta El Destape en 7 meses? $0. Emitieron órdenes y no se hizo ningún pago. Entonces, la verdad es que tenés que tener una templanza... Encima no sé porqué, porque ni siquiera es un trato razonable: insultan a los ministros, los maltratan, les faltan el respeto, les inventan denuncias. A su vez, les está pagando el 50% de los sueldos", disparó Navarro.
Pero ahora, el reclamo va mucho más allá que un periodista oficialista llorando pauta, y es que ahora, un grupo de legisladores oficialistas hicieron un pedido formal en el Congreso de la nación para "redireccionar un porcentaje de la pauta oficial".
Fue la diputada nacional por Córdoba, Gabriela Estévez (Frente de Todos), quien presentó un proyecto de ley para que el 15% de la pauta oficial vaya destinado medios autogestivos, comunitarios, cooperativos y pymes.La medida se propone en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus y es de carácter excepcional.
De aplicarse, sería para el año 2020 y la autoridad de aplicación (se señala a la Secretaría de Medios y Comunicación Pública) podría prorrogar la medida.
En los argumentos del proyecto se explica que los fondos de la pauta oficial "no solo son una herramienta para dar a conocer actos de Gobierno o campañas de interés público. Sino que también permite a los medios de comunicación hacerse de fondos necesarios para su funcionamiento".
Otro de los fundamentos dice que la pauta oficial muchas veces se dirige a los grande medios de comunicación y los medios autogestionados brindan una mayor pluralidad de voces.
"La concentración mediática en pocos y grandes grupos privados es hoy un drama en todo el mundo que pone en cuestión la libertad de expresión y el derecho a la información de la ciudadanía", indica el texto.
Por otra parte, el proyecto menciona que la regulación de la contratación de la pauta oficial y la transparencia en los mecanismos es una deuda pendiente. Al respecto, el proyecto expresa que el presidente Alberto Fernández en su discurso de asunción habló sobre la temática y dijo: "Queremos prensa independiente del poder y de los recursos que la atan al poder".
Finalmente, se plantea que la medida es en el marco de la emergencia por el Covid-19 ya que muchos medios ven afectadas su fuente de financiamiento.
"En el marco de esta emergencia sanitaria y su consecuente impacto económico ese dinero que el estado ya había comprometido en su presupuesto 2020 pueda ser redistribuido para evitar el cierre de prestadores de gestión comunitaria, cooperativas de trabajo y/o empresas pymes de menor alcance aunque mayor vinculación territorial", concluye el texto.
El proyecto fue firmado por los diputados nacionales María Rosa Martínez, María Cristina Britez, María Jimena López, José Luis Gioja, María Lucila Masín, Juan Emilio Ameri, María Carolina Moisés, Ayelén Spósito y Marcelo Koenig.
