También se investiga un posible sobreprecio en los servicios contratados. Como ejemplo, se comparó con otra licitación estatal donde el valor por SMS pasó de USD 0,045 a USD 0,076 por unidad.
La Justicia investiga vínculos empresariales con la esposa de Adorni
Otro punto clave de la causa apunta a la consultora +Be, propiedad de Bettina Angeletti, esposa de Adorni. Según la denuncia, la firma tendría como clientes a importantes contratistas del Estado.
Entre ellos aparecen el Grupo Foggia —ligado a la concesión de Tecnópolis—, el Grupo Datco —proveedor de organismos como AFIP, AySA y Aerolíneas Argentinas— y la empresa National Shipping S.A., vinculada a contratos millonarios con YPF.
Este último dato adquiere relevancia porque Adorni fue designado director titular de YPF en representación del Estado en enero de 2026, lo que podría configurar un posible conflicto de intereses.
La denuncia plantea que estos vínculos podrían encajar en un esquema de relaciones comerciales que habilite un eventual retorno de fondos públicos a través de intermediaciones privadas.
Tecnópolis, otro foco de conflicto para Manuel Adorni
La concesión del predio de Tecnópolis por 25 años, valuada en unos 183,3 millones de pesos, también quedó bajo análisis judicial.
El proceso está a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo que depende directamente de la Jefatura de Gabinete. Según la presentación judicial, existirían sospechas de vínculos entre empresas interesadas en la concesión y el entorno del funcionario.
Qué investiga la Justicia
La denuncia alcanza, además de Adorni y su esposa, a directivos de varias empresas tecnológicas y a una asesora vinculada al esquema investigado. Las figuras penales en análisis incluyen fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.
Por ahora, el fiscal Stornelli no imputó formalmente a los involucrados, pero sí impulsó una batería de medidas para avanzar en la investigación.
Entre ellas, solicitó acceder a todos los expedientes de contratación vinculados a servicios tecnológicos y de comunicación del Estado, así como a la documentación sobre la concesión de Tecnópolis.
También pidió informes a la Inspección General de Justicia para identificar a los verdaderos beneficiarios detrás de al menos siete empresas del sector tecnológico, con el objetivo de determinar si existe una estructura coordinada para la cartelización de servicios.
Además, requirió reconstruir la ruta de los proveedores y verificar si firmas como Datco, Foggia Group y National Shipping son contratistas recurrentes del Estado.
Un expediente en desarrollo
Las medidas solicitadas deberán ser autorizadas por el juez Ariel Lijo, ya que la investigación no fue delegada en la fiscalía. En paralelo, el magistrado también lleva adelante otra causa contra Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, aunque en ese caso la investigación sí está en manos del fiscal Gerardo Pollicita.
Por ahora, el expediente se encuentra en una etapa preliminar, pero con un volumen de información que podría derivar en una investigación penal de mayor alcance si se confirman las sospechas planteadas en la denuncia.
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