La escribana de Manuel Adorni está también en el ojo de la tormenta y ahora la oposición pide que se evalúe su desempeño. No le creen nada.
El caso que tiene como protagonista al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo. Esta vez, el foco se trasladó hacia una de las profesionales vinculadas a sus operaciones: la escribana Adriana Nevechenko.
El diputado nacional Esteban Paulón presentó un pedido formal ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires para que se evalúe el desempeño de la notaria, en medio de cuestionamientos por sus declaraciones públicas y su intervención en operaciones inmobiliarias relacionadas al funcionario.
En la presentación, el legislador plantea dudas sobre el accionar de la escribana y su comprensión del contexto en el que actuaba. Según argumentó, Nevechenko “no parece comprender que su cliente es nada más y nada menos que el Jefe de Gabinete debiendo por ello extremar y maximizar los recaudos necesarios sobre los actos puestos a su consideración”.
El planteo apunta a un punto central: el nivel de exigencia que debería tener un profesional cuando interviene en operaciones que involucran a funcionarios públicos.
Paulón también hizo hincapié en cómo deben analizarse este tipo de transacciones cuando se trata de funcionarios. En ese sentido, sostuvo:
“Cada una de las cuestiones como el precio y la forma de pago estipuladas contractualmente, en el caso de un funcionario público, operan a la inversa de lo que es un particular, siendo necesaria la justificación de cada una de las ventajas contractuales que obtiene el funcionario a los efectos de deslindar la responsabilidad del profesional sobre lo que no conoce o no puede conocer, es decir, no puede convertirse en un eslabón más de un negocio de corrupción más amplio”.
El diputado remarcó así la necesidad de que cada aspecto de las operaciones quede debidamente justificado, no solo para el funcionario sino también para quienes intervienen en el proceso.
Otro de los puntos cuestionados es el contenido de las entrevistas brindadas por la escribana, donde, según Paulón, habría incurrido en contradicciones.
En particular, señaló que Nevechenko “refirió que nunca le pareció sospechosa el actuar de Adorni no informando a la UIF para su investigación siendo que en la misma entrevista afirma que durante 15 años anteriores el Sr. Adorni no había realizado ninguna gestión ante su escribanía pero que en los últimos dos años realizó operaciones inmobiliarias”.
Para el legislador, esa secuencia debería haber encendido alertas y motivado un análisis más profundo por parte de la profesional.
El pedido también abre un debate más amplio sobre la responsabilidad de los escribanos en operaciones que involucran a figuras públicas.
En el tramo final de la presentación, Paulón fue especialmente crítico:
“El rol de las y los escribanos se encuentra horadada por un actuar al parecer irresponsable y que genera divertimento ante respuestas de carácter desopilante, en un rol llamativo que intenta justificar más que aclarar el actuar del Jefe de Gabinete ante el público, diciendo que no le preocupaba por ‘Adorni va a pagar’”.
La frase sintetiza el cuestionamiento de fondo: si la actuación de la escribana estuvo a la altura de las exigencias que implica intervenir en operaciones vinculadas a un alto funcionario del Gobierno.
Con este nuevo pedido, el caso Adorni amplía su alcance y deja de centrarse únicamente en el patrimonio del funcionario para poner bajo la lupa también a su entorno profesional.
La decisión ahora queda en manos del Colegio de Escribanos, que deberá analizar si corresponde avanzar con una evaluación formal del desempeño de la notaria.
Mientras tanto, el tema continúa sumando tensión política y alimentando el debate sobre los controles, la transparencia y las responsabilidades en torno a quienes ejercen funciones públicas.
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