En ese sentido, el abogado laboralista sostuvo que "hay que avanzar" con este intento de remoción para Rossatti, ya que el solo hecho de que el pedido llegue a la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja, pone el tema "en la opinión pública".
Héctor Recalde, especialista en conseguir abusos de derechos laborales.
Héctor Recalde afirmó que lo que buscan con el juicio político a Rosatti es que el asunto llegue a la opinión pública.
Para Héctor Recalde, "las pruebas contra Rosatti son evidentes". "¿Alguien puede creer que el secretario –Silvio Robles- puede escribir toda una posición a favor de la oposición sin haber recibido letra de alguien que está muy cerca de él?", se preguntó.
Sobre el destino de este pedido de juicio político en el Congreso, el abogado laboralista estimó que "seguramente no se conseguirán los dos tercios en Diputados, pero que ya la Comisión de Juicio Político comience a tratar el tema, es todo un avance que permite instalar el punto en la opinión pública".
"Luego, tenemos que militar la cuestión porque a los compañeros y compañeras de a pie no le llegan estos temas porque tienen otras preocupaciones, aunque les debería llegar porque esto influye en la vida cotidiana", planteó.
Recalde aseguró que "esto demuestra lo que plantea la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, democracia o mafia. Hay todo un entramado mafioso que en realidad lo que persigue son negocios. No es una cuestión ideológica. Basta con leer los chats para ver que son negocios de toda índole", remarcó.
Respecto a la estrategia del Frente de Todos (FDT), manifestó que "toda la fuerza debe estar en un solo punto: Rosatti, que tiene varios pecados encima y el primero es como fue designado por un decreto en comisión del presidente Mauricio Macri".
Ayer el diputado que integra la comisión de Juicio Político del Congreso, Leopoldo Moreau dijo que "las pruebas son tan contundentes que a la oposición le va a resultar muy difícil defenderlos". Y afirmó también que "el Presidente tomó la decisión que había que tomar".
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Leopoldo Moreau afirmó también que "el Presidente tomó la decisión que había que tomar".
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En diálogo con 'El Destape Radio', el diputado del Frente de Todos, que además integra la comisión de Juicio Político, dijo: "Creo que es absolutamente imprescindible (el juicio político). En el último tiempo, la Corte cometió tropelías de todo tipo". Asimismo, expresó: "Va a ser muy difícil, por no decir casi imposible, que puedan demostrar la inocencia de la Corte Suprema, que no ha incurrido en prevaricato en alguna de sus sentencias, que no ha pisoteado la Constitución o no ha tenido complicidad con la oposición".
"Esta es la decisión que tenía que tomar Alberto como presidente de la Nación", sentenció Moreau.
La reunión de Alberto Fernández
Cierto es que la jugada de Alberto Fernández es al menos ambiciosa. Hay gobernadores que no estarían dispuestos a sumarse, como Arabela Carreras, de Río Negro, que el 22 de diciembre pasado firmó el comunicado que anunciaba que Fernández iba a incumplir el fallo de la Corte en el conflicto de la coparticipación. Tampoco irán Omar Gutiérrez, de Neuquén; Gustavo Sáenz, de Salta y Oscar Herrera Ahuad, de Misiones, según confirmaron al diario 'La Nación' y al diario 'Río Negro'. Tampoco estaría el catamarqueño Raúl Jalil, porque se tomó "unos días de descanso", y habrá más ausentes.
Sin embargo, en el oficialismo insisten: "Hay que hablar con los legisladores y ver la reacción de los demás. No votar es encubrir", dijo un alto funcionario del Poder Ejecutivo. Y se confió: "No diría que no están los votos".
Silencio en la Corte
En la Corte mantienen un silencio total desde que se conoció el caso y más ahora que en feria judicial no están todos los ministros. Fuentes del mundo judicial y político sostienen que la actual avanzada contra los cuatro cortesanos está relacionada a la "preocupación" por lo que pueda suceder en el primer trimestre del año con expedientes sensibles para el kirchnerismo como Hotesur-Los Sauces, donde fue investigada Florencia Kirchner, un caso que podría reabrirse.
Fuentes judiciales aseguran que la estrategia de la defensa de la vicepresidenta es que este último expediente no salga de la Cámara de Casación (máximo tribunal penal del país) ante del 9 de marzo, cuando se lean los fundamentos de la condena de Vialidad, que recibió el último 6 de diciembre.
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Los integrantes de la Corte Suprema de la Nación mantienen un silencio total.
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Opinión de los expertos
En tanto, para los constitucionalistas el pedido de juicio político a Rosatti es otro intento del Gobierno para deslegitimar a la justicia. Así se expresaron, al menos, Felix Lonigro, Diego Armesto y Daniel Sabsay.
"El juicio político es un procedimiento constitucionalmente previsto para la destitución del presente, vice, ministros y jueces de la Corte. El Presidente puede impulsarlo, pero el que interviene es el Congreso. Necesita dos tercios de la Cámara de Diputados para formalizar la acusación y dos tercios del Senado para destituir. Son números que el oficialismo no tiene", enmarcó el pedido que hará el gobierno el abogado constitucionalista Felix Lonigro.
En la misma línea se expresó su colega Diego Armesto:
En el juicio político hay una remoción administrativa del acusado, no hay una sanción de que alguien termina preso. No es un juicio penal. Es un juicio de destitución de un funcionario sometido al control político con el propósito político de encontrar o saber si existen responsabilidades en el ejercicio de su función. El concepto sería por mal desempeño que es ambiguo, indeterminado y que se define caso por caso de acuerdo a la conducta juzgada. Es decir, el congreso deberá inevitablemente hacer una valoración política del acto que se esta denunciando. Y que ese mal desempeño ponga en peligro la continuidad de las instituciones En el juicio político hay una remoción administrativa del acusado, no hay una sanción de que alguien termina preso. No es un juicio penal. Es un juicio de destitución de un funcionario sometido al control político con el propósito político de encontrar o saber si existen responsabilidades en el ejercicio de su función. El concepto sería por mal desempeño que es ambiguo, indeterminado y que se define caso por caso de acuerdo a la conducta juzgada. Es decir, el congreso deberá inevitablemente hacer una valoración política del acto que se esta denunciando. Y que ese mal desempeño ponga en peligro la continuidad de las instituciones
Armesto y Daniel Sabsay -que dialogó con 'CNN radio'- coincidieron con Lonigro en que el gobierno no tiene los votos en el Congreso para lograr la destitución de Rosatti. "La Constitución Nacional exige las dos terceras partes de los miembros presentes para hacer lugar a la formación de la causa. Depende de la comisión de juicio político de la Cámara. Pero no hay consenso suficiente para llevar adelante el juicio político", dijo Armesto. “No cuentan con la mayoría necesaria y no veo cómo van a poder lograr definir las causales", sostuvo Sabsay.
Los constitucionalistas también enmarcaron la intención del gobierno en su pelea con la justicia. "Es claro que se trata de una maniobra más del Gobierno destinada a embestir y presionar al máximo tribunal. Otra embestida, en definitiva, contra el sistema republicano de gobierno", opinó Lonigro.
"Es una herramienta más que le suman al segundo deporte nacional que desde hace tres años en la Argentina que es deslegitimar al Poder Judicial que es pegándole a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El Presidente, con la sola finalidad de congraciarse, teniendo en frente un año electoral, con la gran electora del peronismo actual que es Cristina Fernández de Kirchner, busca simplemente crear un efecto y arrastrar con ello a todos los gobernadores de provincia. El presidente se vuelve a equivocar. El camino no es el apriete o el querer buscar deslegitimar a uno de los poderes del estado", sostuvo Armesto.
En el mismo sentido, Sabsay señaló que "esto se inserta en un proceso que viene de hace mucho tiempo, que tiene que ver con el ADN del kirchnerismo que es el no respeto a la división de los poderes. Sobre todo la molestia cuando el poder judicial hace su rol y su papel de poder contra mayoritario. Precisamente lo que hace es dejar sin efecto aquellas decisiones del poder político que afectan derechos y garantías reconocidos por la constitución".
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