En paralelo, el Gobierno introdujo un cambio relevante: la prelación del convenio por empresa sobre el convenio por actividad, aunque con una limitación importante.
Solo podrán firmar estos acuerdos los sindicatos con personería gremial, lo que desplaza a las comisiones internas y delegados de fábrica.
Todavía no hay definiciones sobre otros artículos sensibles. Uno de ellos es la restricción a la ultraactividad de los convenios colectivos (la continuidad automática de acuerdos vencidos), un punto que la CGT considera de alto impacto. Para compensar, la última versión del proyecto incorpora una cláusula que obliga a la Secretaría de Trabajo a convocar a sindicatos y empleadores dentro del plazo de un año para renegociar o refrendar los convenios vencidos.
Tampoco está claro si se mantendrá la propuesta de tipificar bloqueos y tomas de establecimientos como infracciones específicas, ni si se incluirá una reglamentación más estricta del derecho de huelga, materia que ya había sido abordada en el DNU 70/2023 impulsado por Federico Sturzenegger.
Definiciones pendientes y última reunión del Consejo de Mayo
El Consejo de Mayo, el espacio de articulación política creado para la reforma, tuvo este martes su último encuentro a las 13 en el despacho del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en Balcarce 50. Allí se terminaron de ajustar detalles antes de que el proyecto quede definitivamente cerrado.
En el Gobierno todavía no resuelven si el anuncio se hará mediante una conferencia de prensa o si el texto se enviará directamente al Congreso sin presentación pública. Lo que sí reconocen puertas adentro es que el borrador final mantiene la estructura y el espíritu del anteproyecto que ya circuló semanas atrás.
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