Milei debe cumplir con las leyes aprobadas en el Congreso
Además, el tribunal consideró ilegítima la suspensión de la ley por decreto, lo que refuerza la obligación del Gobierno de cumplir con lo sancionado por el Congreso.
Otro de los aspectos clave del fallo es el análisis del impacto económico de la medida. Según la Cámara, la implementación de la ley no compromete el equilibrio fiscal, ya que su costo representa apenas el 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI).
El conflicto judicial tiene antecedentes recientes. A mediados de febrero, el Gobierno había decidido apelar una medida cautelar que ya lo obligaba a aplicar la ley. Esa cautelar había sido dictada en diciembre por el juez federal Enrique Cormick, tras un amparo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Con este nuevo fallo, la Justicia vuelve a posicionarse a favor de las universidades en un contexto de tensión creciente con el Ejecutivo, que ahora deberá definir cómo cumple con una norma que hasta el momento había intentado frenar.
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