Fondos y financiamiento
El proyecto crea dos fondos claves:
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Fondo Nacional para el Fortalecimiento de Equipos Interdisciplinarios en Salud Mental, destinado a contratar, sostener y capacitar a profesionales en todo el país. Se financiará con un porcentaje de impuestos al tabaco y al alcohol, una partida presupuestaria fija y aportes internacionales.
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Fondo Federal Solidario para Equipos e Infraestructura, financiado con el 30% de lo recaudado por derechos de exportación de soja, que será distribuido directamente a provincias y municipios para mejorar la infraestructura y formar equipos interdisciplinarios.
Ninguno de estos fondos podrá utilizarse para gastos corrientes no relacionados con la salud mental.
Por otro lado, el proyecto contempla un Plan Federal de Obras Públicas para garantizar dispositivos adecuados de atención, entre ellos:
- Casas de medio camino.
- Unidades de internación en hospitales generales (con un mínimo del 10% de camas para salud mental).
- Centros comunitarios, centros de día y espacios terapéuticos.
- Equipos móviles de atención en crisis, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso.
Se busca además garantizar dos dispositivos convivenciales por provincia y asegurar una red asistencial federal, equitativa y territorializada.
Formación y derechos
El texto legislativo también establece un plan de formación federal para nuevos agentes sanitarios en salud mental, con becas, convenios con universidades y programas adaptados a las necesidades locales.
La capacitación será obligatoria para personal de salud, educación, fuerzas de seguridad y otros operadores clave, e incluirá temas como:
- Primeros auxilios psicológicos.
- Abordaje comunitario y prevención del suicidio.
- Buenas prácticas asistenciales y enfoque de derechos humanos.
- Campañas y participación comunitaria
A su vez, el proyecto propone que el Estado deberá destinar al menos el 10% de la pauta publicitaria oficial a campañas de salud mental y prevención del suicidio. Estas deberán ser accesibles, con perspectiva de género, niñez y adolescencia, y detallar los canales de atención disponibles.
Además, se creará un registro nacional de organizaciones comunitarias en salud mental, que podrán acceder a financiamiento público y deberán rendir cuentas de su labor.
Control parlamentario y plan nacional
Un mecanismo de auditoría parlamentaria hará el seguimiento del cumplimiento de la ley. De aprobarse el proyecto, el Ministerio de Salud tendrá 120 días desde su entrada en vigencia para elaborar el Plan Nacional de Acción para la Emergencia, con metas, cronograma e indicadores de evaluación.
En los fundamentos, los autores del proyecto advierten sobre el “colapso del sistema” y la subejecución presupuestaria que afecta a la atención en salud mental, que en 2024 apenas alcanzó el 1,82% del presupuesto de salud, lejos del mínimo legal del 10%. Además, denuncian la concentración del 70% del personal especializado en el Área Metropolitana de Buenos Aires y la falta de respuestas ante consumos problemáticos y situaciones de urgencia.
El texto pone énfasis en el impacto de la pandemia y la crisis económica como agravantes, así como en la necesidad de una mirada comunitaria, territorial e inclusiva para desarticular el paradigma manicomial y garantizar el acceso a derechos fundamentales.
El proyecto completo a continuación:
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