“Estamos frente a una acción que remite a las prácticas de inteligencia sobre ciudadanos que se creían superadas en democracia. No se puede permitir que el Estado espíe a quienes ejercen su derecho a la protesta”, sostuvo el legislador.
Desde el oficialismo no hubo respuestas inmediatas a la acusación, aunque el operativo fue justificado previamente como parte de un esquema de prevención en el marco de la movilización convocada para respaldar a la exmandataria, que actualmente cumple prisión domiciliaria tras su condena por corrupción.
La presentación ante la Comisión Bicameral y la Justicia incluirá documentación y registros sobre el accionar de las fuerzas federales durante el operativo. La oposición advierte que no se trata de un caso aislado, sino de un patrón que comienza a repetirse en contextos de protesta social.
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