La investigación interna sostiene que las falencias detectadas habrían sido aprovechadas para beneficiar a actores privados específicos, en perjuicio del Estado y de la calidad del servicio destinado a personas con discapacidad, uno de los sectores más vulnerables del sistema público.
Compras sin reglas y prestadores elegidos sin criterios claros
La reconstrucción de los procesos de contratación reveló un esquema marcado por la arbitrariedad. La base de prestadores se armaba sin criterios objetivos, se ocultaban las reglas de selección, no quedaban registros claros del inicio ni del cierre de los procesos y se evitaban comparaciones entre ofertas.
Tampoco se documentaba la capacidad operativa de las empresas para responder a la urgencia que demandan estas prestaciones, ni se verificaba si un mismo beneficiario final aparecía en distintas cotizaciones para simular competencia. En muchos casos, directamente no existían contratos firmados que delimitaran derechos y obligaciones.
Fragmentación interna y sistemas inconexos
El informe advierte que estas prácticas derivaron en una fragmentación interna del organismo, con áreas superpuestas, competencias poco claras y circuitos administrativos desconectados. Programas centrales como el Certificado Único de Discapacidad (CUD), las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral y el Incluir Salud funcionaban en plataformas separadas, generando inconsistencias de datos y una menor previsibilidad para los beneficiarios.
Un registro de proveedores paralelo y opaco
Otro de los hallazgos más graves fue la existencia de un registro paralelo de proveedores, manejado de manera informal por la ANDIS. Este padrón permitía decidir discrecionalmente quién podía contratar con el Estado, incluso cuando las empresas no estaban inscriptas en los registros oficiales o tenían datos incompletos o desactualizados.
La auditoría y la fiscalía detectaron que varias firmas invitadas a cotizar no figuraban en el sistema oficial de proveedores o lo hacían con inscripciones irregulares. Correos electrónicos incorporados a la causa muestran pedidos de alta de empresas sin explicaciones formales, listas armadas por fuera de los canales institucionales y comunicaciones informales que contrastaban con la supuesta neutralidad de los sistemas informáticos utilizados.
Un esquema formal por fuera y arbitrario por dentro
Si bien los procesos de compra se presentaban como transparentes a través de software específico, el informe concluye que la manipulación se producía en la carga de datos. La fachada de racionalidad administrativa convivía con un detrás de escena dominado por mensajes de WhatsApp y Telegram, donde se definían decisiones clave.
Tras el estallido del escándalo, las comunicaciones comenzaron a canalizarse por correos oficiales, un cambio que la auditoría interpreta como un intento de ordenar prácticas que hasta entonces se desarrollaban sin controles efectivos.
La causa sigue avanzando y la auditoría gubernamental se consolidó como una de las pruebas más contundentes para reconstruir un esquema que, según la Justicia, funcionó durante años con niveles alarmantes de discrecionalidad y opacidad dentro de un organismo clave del Estado.
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