De todas formas, con el pedido de actuar como "consumidores", el ministro descartó la posibilidad de algún tipo de intervención a través de la secretaría de Comercio que está bajo su órbita, como ocurrió con el sector de las prepagas tras la liberación de precios.
El Gobierno desreguló el mercado de la telefonía móvil, internet y la televisión por cable, por lo que no existe ningún instrumento para ponerle freno a eventuales los abusos en las tarifas.
En junio, el Ejecutivo derogó los topés impuestos por la administración anterior, aunque los mismos pudieron ser vulnerados por medidas cautelares obtenidas en la justicia por parte de las empresas prestadoras.
En el Gobierno explicaron aquella vez que dicha derogación "ofrece varios beneficios para el sector de las Telecomunicaciones en el marco de un proceso de desregulación". "Al permitir a las empresas establecer precios libremente, se crea una mayor flexibilidad para ajustar precios en respuesta a las condiciones del mercado y sus costos operativos, fomentando un entorno más dinámico y competitivo”, dijeron fuentes del Enacom.
Consideraron que “esta libertad de precios también puede incentivar la inversión en mejoras de infraestructura y expansión de servicios, ya que los mayores ingresos obtenidos pueden ser reinvertidos en el desarrollo y modernización de las redes y tecnologías”.
“En conjunto, estas medidas pueden impulsar la innovación y la calidad de los servicios ofrecidos, beneficiando a largo plazo tanto a las empresas del sector como a los consumidores mediante una mayor variedad y calidad de opciones disponibles”, dijeron desde el Gobierno en junio pasado.
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