Entre los puntos destacados, se establece la obligación legal de actualizar la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares y la canasta utilizada para calcular el Índice de Precios al Consumidor cada cinco años como máximo. El proyecto advierte que, históricamente, estas revisiones se realizaron de manera irregular, lo que generó un fuerte desfasaje entre los patrones de consumo actuales y los que reflejan las estadísticas oficiales.
El texto remarca que, en la actualidad, rubros como alquileres, servicios públicos y privados, medicamentos, salud, educación y conectividad digital ocupan un lugar cada vez más relevante en el presupuesto de las familias. Sin embargo, su peso en la medición oficial sigue siendo limitado, lo que —según el proyecto— deriva en una subestimación del verdadero costo de vida.
“Un índice de precios desactualizado no solo distorsiona la medición de la inflación, sino que también afecta el cálculo de la pobreza y la evaluación del impacto real de las políticas económicas”, sostiene la iniciativa, que insiste en la necesidad de utilizar siempre la encuesta de gastos más reciente como base para medir la evolución de los precios.
Modernizar los datos
Otro aspecto central de la propuesta es la falta de desagregación territorial de los datos. El proyecto cuestiona que las estadísticas nacionales tiendan a homogeneizar realidades muy distintas, invisibilizando las particularidades del interior del país y de las economías regionales. Por ese motivo, plantea la obligación de avanzar en una mayor desagregación provincial y regional, que permita dimensionar con mayor precisión el impacto del ajuste y las diferencias en el costo de vida según el lugar de residencia.
Para garantizar la transparencia y el control público del sistema, la iniciativa propone la creación de un consejo consultivo multisectorial. Este organismo estaría integrado por universidades, especialistas, representantes del Congreso y de las provincias, entre otros actores, y tendría un rol de seguimiento y asesoramiento sobre la implementación de las reformas.
Según el proyecto, el funcionamiento del consejo no implicaría un costo adicional para el Estado, ya que sus integrantes desempeñarían sus funciones de manera ad honorem. La intención es dotar al sistema estadístico de un ámbito plural y federal que refuerce su credibilidad y evite futuras controversias sobre la manipulación o el atraso de los datos oficiales.
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