Esto motivó una reacción de los prestadores privados que instaron al Gobierno a plantear abiertamente si pretende su estatización, a la vez que advirtieron que el Ejecutivo -con ese fin- podría estar fogoneando su ahogo financiera para tomar el control "de hecho".
A su vez, estos recordaron que durante una reunión con el Presidente, este les confirmó que una estatización no estaba en sus planes.
De hecho, un proyecto en ese sentido fue descartado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero en las últimas horas. "Vi que hablan de 'estatización' y nadie trabaja con ese objetivo", aseguró Cafiero y aclaró que lo que se pretende es un "sistema que se apoye en la solidaridad y que siga avanzando con un financiamiento mucho más claro, que debe integrar no sólo a las obras sociales, sino a las prepagas y al sistema público".
Los que mostraron también su inquietud fueron los sindicatos, dado que la eventual "integración" del sistema también alcanzaría a las obras sociales.
El secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez (UOCRA) dijo que la reformulación del sistema sanitario “es una expresión de deseos” y reclamó que la Vicepresidente “explique lo que propone y si los sectores aceptan la propuesta”, y admitió que “sería distinto si hubiera un mensaje de lo que quiere el Presidente”. De todas formas, Martínez no lo descartó como "tema a discutir" en el marco del Consejo Económico y Social.
La que adelantó pero sin detalles la iniciativa oficial fue la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien tampoco mencionó una estatización, pero afirmó que “se está trabajando” en la "integración" del sistema y que “se vienen llevando a cabo reuniones con sindicatos, obras sociales y el sector privado”.
“Estamos trabajando en conjunto, viendo que los programas de calidad, acceso y equidad se puedan trabajar cerca de la seguridad social, del sector privado. La pandemia fue una oportunidad para entender que la salud es una sola. De toda crisis se genera una oportunidad”, afirmó.
