En paralelo, Carlos Stornelli es recordado por su rol en el caso de los Cuadernos de las Coimas, además de investigaciones como el tráfico de armas y el escándalo de Skanska. Por su parte, Carlos Rívolo intervino en la tragedia de LAPA, en la causa por lavado de dinero de Los Sauces SA —la inmobiliaria vinculada a Cristina Kirchner—, fue fiscal auxiliar en Cuadernos y recientemente tuvo en sus manos la causa por el intento de homicidio contra la ex presidenta.
También iniciaron sus trámites jubilatorios los fiscales ante la Cámara de Casación, Raúl Pleé y Javier De Luca. Consultado sobre su situación, Pleé indicó que el proceso se realizó bajo la Ley 24.018.
A este escenario se suman otros casos en revisión. En la Cámara de Apelaciones, encargada de revisar las decisiones de jueces y fiscales de instrucción, aparecen los nombres de Carlos Racedo y Ricardo Sáenz, ambos en condiciones de jubilarse por edad. Sáenz confirmó que inició el trámite, aunque aclaró que “por el momento no dejará el cargo”.
Un sistema en riesgo por la jubilación de fiscales
El problema no es solo la salida de fiscales, sino el contexto en el que ocurre. En la Procuración General observan la situación con inquietud, sobre todo por el avance —aunque demorado— del nuevo sistema acusatorio.
Este modelo, que otorga mayor protagonismo a los fiscales desde el inicio de las investigaciones, aún no fue implementado en Comodoro Py. De hecho, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, reconoció que “las condiciones no están dadas” para ponerlo en marcha el 20 de abril, como estaba previsto.
El riesgo es claro: menos fiscales disponibles en un sistema que justamente depende más que nunca de ellos. Por eso, desde el ámbito judicial advierten que “podría peligrar el éxito de dicha implementación”.
Jueces vacantes y concursos demorados
La crisis no se limita al Ministerio Público. También alcanza a los jueces. Según datos relevados, el 31% de los cargos en Comodoro Py está vacante, y en todo el Poder Judicial el número podría escalar al 42% antes de la feria judicial de invierno.
Solo en los tribunales federales de Retiro hay 55 cargos, de los cuales 17 están sin cubrir. Se trata de una situación inédita desde la creación de este fuero en los años 90.
El Gobierno, por su parte, todavía no envió al Senado los pliegos necesarios para cubrir estos puestos. El listado de 313 funcionarios judiciales que espera tratamiento no incluye cargos de Comodoro Py, lo que profundiza la incertidumbre.
Mientras tanto, los concursos avanzan lentamente en el Consejo de la Magistratura. Hay 157 vacantes en trámite dentro del Consejo y otras 203 en el Poder Ejecutivo.
El proceso es largo: tras los exámenes y evaluaciones, se elaboran ternas que deben ser aprobadas por el Plenario, luego enviadas al Presidente y finalmente al Senado, donde pasan por la Comisión de Acuerdos antes de ser votadas.
En el caso de Comodoro Py, el interés es alto: para tres juzgados de instrucción abiertos en 2021 se presentaron 96 postulantes, y para la Cámara de Apelaciones hubo 55 aspirantes.
Sin embargo, pese al avance formal, las demoras persisten. Como resumió un juez federal al tanto del proceso: “Comodoro Py es la deuda pendiente de muchos”.
Otro frente: Paridad de género en la Corte
En paralelo a la crisis de vacantes, se abrió otro debate clave en el sistema judicial: la composición de la Corte Suprema.
La diputada Gabriela Estévez presentó un proyecto para que al menos el 50% de los integrantes del máximo tribunal sean mujeres y para establecer la alternancia de género en la presidencia.
Actualmente, la Corte funciona con tres de sus cinco miembros —todos varones—, lo que refuerza el argumento de quienes impulsan una reforma con perspectiva de género.
El proyecto propone que la paridad se respete incluso si cambia la cantidad de integrantes y que se aplique de manera progresiva a medida que se produzcan vacantes. Además, plantea que en las designaciones se tenga en cuenta la formación en género y diversidad, bajo la premisa de que las decisiones judiciales impactan directamente en la vida de mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+.
En los fundamentos, Estévez advierte sobre la histórica falta de mujeres en la conducción del tribunal y señala que durante décadas la Corte fue presidida exclusivamente por hombres, con mandatos que en algunos casos superaron los diez años.
La iniciativa también recupera antecedentes como las designaciones de Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay, y recuerda que la primera mujer en integrar la Corte fue Margarita Argúas en 1970.
Además, toma como referencia experiencias internacionales, como la reciente designación de Gloria Ana Chevesich como presidenta de la Corte Suprema de Chile.
El proyecto se apoya en compromisos internacionales asumidos por la Argentina, como la CEDAW y la Plataforma de Beijing, y se inscribe en una agenda más amplia que busca avanzar hacia una “reforma feminista del Poder Judicial”.
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