La casa en cuestión fue adquirida a fines de 2024 por Adorni junto a su esposa, Bettina Angeletti, en un barrio privado del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz.
Negación del funcionario
En sus últimas apariciones públicas, Adorni rechazó las acusaciones de enriquecimiento ilícito. Aseguró que puede justificar tanto los más de US$100.000 ya invertidos como otros US$335.000 que, según indicó, aún debe abonar antes de noviembre en concepto de propiedades.
Nuevas indagatorias
La causa continuará esta semana con nuevas medidas. El miércoles está prevista la declaración de Leandro Miano, quien mantiene vínculos con personas que figuran como acreedoras del funcionario.
Miano es hijastro de Claudia Sbabo, una de las jubiladas a las que Adorni le debe dinero, y además es socio de Pablo Martín Feijoo, hijo de otra acreedora y gestor de la compraventa del departamento donde reside el jefe de Gabinete en el barrio porteño de Caballito.
El fiscal Pollicita le solicitó que se presente con su teléfono celular, facturas, tickets y cualquier documentación relacionada tanto con el pago de expensas como con las refacciones de ese inmueble. El objetivo es reconstruir el circuito del dinero y verificar si los movimientos coinciden con lo declarado.
Un dato clave sobre la propiedad
De acuerdo con el expediente, la escritura de la casa del country fue firmada el 15 de noviembre de 2024 ante la escribana Adriana Mónica Nechevenko de Schuster. Sin embargo, la titularidad aún no figura actualizada en los registros municipales de Exaltación de la Cruz.
Un informe oficial, ya incorporado a la causa, señala que la propiedad continúa registrada a nombre de su anterior dueño, Juan Ernesto Cosentino.
El foco: el origen de los fondos
La investigación, que tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo, tiene como eje central determinar el origen del dinero utilizado para la compra de la vivienda y otras adquisiciones.
Según los datos que trascendieron, Adorni declaró ingresos mensuales de $3.500.000 hasta el año pasado, cifra que luego habría ascendido a $7.000.000. No obstante, los gastos detectados por la Justicia superarían ampliamente esos montos.
En ese marco, la fiscalía avanza con pedidos de informes a registros de la propiedad, automotores y movimientos financieros para reconstruir la evolución patrimonial del funcionario.
Con estos elementos sobre la mesa, la causa entra en una etapa clave: mientras se suman testimonios y documentación, la Justicia busca determinar si existe una correspondencia entre los ingresos declarados y el nivel de gastos detectado.
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